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PRESA POR HAMBRE: UNA JUBILADA DE 65 AÑOS LLEVA UN MES DETENIDA EN UNA ALCAIDÍA PORTEÑA TRAS INTENTAR LLEVARSE UN CORTE DE CARNE EN UN SUPERMERCADO

Publicada: 13/11/2026 11:29 PM
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Estela Chávez, una jubilada de 65 años que cobra la mínima, está detenida en una alcaidía de CABA por intentar llevarse un corte de carne. Su caso expone la crisis económica.

Estela Chávez -de más de 65 años, madre de seis hijos y beneficiaria de la jubilación mínima- enfrenta un proceso penal y un encierro prolongado tras ser acusada de tentativa de hurto. Durante buena parte de su vida activa se desempeñó en el servicio doméstico en casas particulares con tareas de limpieza, una labor que debió abandonar cuando el desgaste físico y los aumentos en el transporte público hicieron insostenible su rutina, logrando acceder a su cobertura previsional únicamente a través de una moratoria previsional.

El episodio por el cual fue aprehendida ocurrió el pasado 8 de octubre en el barrio porteño de San Fernando, donde las cámaras de seguridad del establecimiento la registraron cuando intentaba ocultar mercadería entre sus prendas. Los guardias de seguridad privada la interceptaron antes de que pudiera sortear la línea de cajas y cruzar la línea de pago. Desde entonces, permanece alojada en la Alcaidía N.º 15, ubicada en la zona de Chacarita.

Las cargas del sostenimiento cotidiano recaen sobre su hijo menor, Mariano Franco, quien semanalmente se traslada hasta el establecimiento para entregarle ropa limpia, alimentos y artículos de higiene personal, además de retirar las prendas para lavar, sin posibilidad de mantener un contacto visual directo.

De acuerdo con los registros judiciales, el legajo quedó vinculado a un expediente previo del año 2025 que también investigaba un presunto intento de sustraer comestibles en un comercio de grandes superficies. En ambos casos, las actuaciones judiciales constatan que ninguna de las acciones llegó a consumarse materialmente.

Las actuaciones tramitan bajo el expediente CCC 52837/2026 en el Juzgado Nacional en o Criminal y Correccional N.º 25, bajo la asistencia técnica de la Defensoría Pública Oficial N.º 15.

Emergencia sanitaria y condiciones críticas de encierro

A las complejidades propias del proceso judicial se sumaron cuadros de afectación médica durante su permanencia en el establecimiento modular. El 21 de octubre, Estela contrajo una infección urinaria que requirió asistencia farmacológica y suministro de antibióticos, un procedimiento burocrático que su entorno debió gestionar mediante el defensor oficial. El cuadro debió repetirse el 3 de noviembre ante una nueva descompensación.

Asimismo, comparte un espacio reducido con otras cinco mujeres, una situación que derivó en complicaciones respiratorias derivadas de la inhalación constante de humo de tabaco en el interior del pabellón.

“Mi mamá ya pagó, no entiendo por qué la tienen ahí. Está con problemas pulmonares porque todas sus compañeras fuman adentro. Está en una celda con otras cinco personas. La semana pasada se descompuso de nuevo”, relató su hijo Mariano Franco, quien atraviesa una severa emergencia económica tras perder su empleo como ayudante de cocina: “Hago cualquier cosa, lo que sea”.

El colapso de las alcaidías: hacinamiento y detenciones sin condena

La situación de la jubilada entrerriana se inscribe en un escenario estructural de colapso en los dispositivos de detención transitoria de la Ciudad de Buenos Aires. Un informe elaborado por el Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura advirtió sobre el incremento sostenido en la población femenina alojada en estas dependencias, que trepó de 37 detenidas en enero de 2024 a 97 a mediados de 2025.

El relevamiento expuso niveles alarmantes de vulneración de derechos básicos: El 94% de las mujeres alojadas entre agosto y diciembre de 2024 carecía de sentencia firme; un 52% no poseía ninguna resolución judicial y el 42% permanecía bajo régimen de prisión preventiva, mientras que apenas el 6% cumplía una condena efectiva.

Mientras los días transcurren sin una resolución favorable por parte de la magistratura interviniente, la familia insiste en la desproporción de la medida cautelar frente a la naturaleza de los hechos imputados.

“Me prometieron que le iban a dar la libertad, pero siguen pasando los días. Además, hay gente con otras causas, mucho peores, que no está como ella”, concluyó Mariano.
#0343.com.ar #federalaldia #radiointegracion905

Etiquetas:PRESA POR HAMBRE: UNA JUBILADA DE 65 AÑOS LLEVA UN MES DETENIDA EN UNA ALCAIDÍA PORTEÑA TRAS INTENTAR LLEVARSE UN CORTE DE CARNE EN UN SUPERMERCADO
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