El pedido de declaración de Emergencia Agropecuaria por el término de un año, a partir del 1 de agosto. La solicitud comprende a los departamentos afectados por las crecidas de los ríos Paraná y Uruguay, desde La Paz hasta Islas del Ibicuy.
En el marco del fenómeno de El Niño se realizó una nueva reunión de la Comisión Provincial de Emergencia y Desastre Agropecuarios (Cpeyda), integrada por representantes del sector agropecuario y funcionarios provinciales, para avanzar en un acuerdo para elevar al Poder Ejecutivo un pedido de declaración de Emergencia Agropecuaria por el término de un año, a partir del 1 de agosto.
La solicitud, realizada durante la reunión encabezada por el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos Guillermo Bernaudo, comprende a los departamentos afectados por las crecidas de los ríos Paraná y Uruguay, desde La Paz hasta Islas del Ibicuy. Según publicó Dos Florines, se avanzará en los trámites administrativos correspondientes para concretar la firma de la declaración de emergencia.
Según los datos presentados, en enero había unas 269.000 cabezas en los campos de islas inundables relevados, y en el último reporte semanal la cifra descendió a 192.000, con una caída de 13.000 animales en la última semana.
El director del Distrito III Entre Ríos de FederacióN Agraria Argentina (FAA), Matías Martiarena, fue quien confirmó que las entidades del campo llevaron a la mesa ese planteo. Además, analizó la situación de los productores ante el riesgo de inundaciones. Señaló que, según los relevamientos realizados junto con el Senasa, la cantidad de cabezas de ganado en las islas es importante y que el movimiento de animales comenzaba a intensificarse.
En este contexto, explicó que vender hacienda sin terminar implica importantes pérdidas en el precio por kilo. Además, los productores deben afrontar obligaciones tributarias por una operación que no representa una ganancia real, sino la liquidación temporal de su capital. Estas cargas pueden desalentar el traslado preventivo de los animales y aumentar los riesgos ante una creciente que, en un corto plazo, podría afectar fuertemente las zonas donde se concentra la ganadería en islas y campos inundables.
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