El Defensor General de la Provincia, Maximiliano Benítez, cuestionó aspectos de la nueva Ley Penal Juvenil y explicó cómo Entre Ríos analiza alternativas a la privación de libertad.
El defensor general de la Provincia, Maximiliano Benítez, analizó las implicancias de la Ley Penal Juvenil sancionada por el Congreso de la Nación, que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. En declaraciones al programa Un martillo para darle forma (Radio Plaza 94.7), cuestionó especialmente que el nuevo régimen no establezca diferencias suficientes entre niños, adolescentes y mayores de edad, y explicó que la provincia trabaja en protocolos y alternativas a la privación de libertad.
Benítez señaló que las estadísticas de delitos atribuidos a personas de entre 14 y 18 años deben ser interpretadas con cautela, ya que una imputación no implica necesariamente que el caso avance hasta un juicio o termine en una condena. En ese marco, sostuvo que durante 2025 los hechos atribuidos a esa franja etaria fueron de escasa magnitud.
El defensor general indicó además que, en lo que va del año, se registra un homicidio cometido por una persona de entre 14 y 18 años en Entre Ríos. También explicó que la provincia cuenta con dos centros cerrados para adolescentes, ubicados en las costas del Paraná y del Uruguay, bajo la órbita del Copnaf.
Uno de los aspectos que cuestionó de la nueva legislación fue la equiparación entre delitos cometidos por menores y aquellos cometidos por mayores, así como la posibilidad de trasladar a los jóvenes al sistema penitenciario una vez que cumplen los 18 años. Según explicó, distintas jurisdicciones ya plantearon cuestionamientos constitucionales sobre algunos aspectos de la normativa.
En ese sentido, Benítez sostuvo que la principal dificultad del nuevo régimen estaba vinculada con la ausencia de una diferenciación adecuada según la edad y el desarrollo de las personas involucradas. “El problema más grave de esta ley es que no discrimina entre niños y mayores”, afirmó.
El funcionario vinculó esa cuestión con los aportes de la neurociencia sobre el desarrollo de la capacidad para comprender las consecuencias de los propios actos. Explicó que esa capacidad no es equivalente entre un niño de 14 años, un adolescente de 17 y una persona mayor de edad.
También señaló que el régimen anterior contempla diferencias según el tipo de delito. Como ejemplo, mencionó que adolescentes de 16 años no quedaban sometidos a un proceso penal por determinados hechos, como amenazas o lesiones leves, mientras que la nueva legislación modifica ese criterio.
Protocolos y alternativas
Frente al nuevo escenario normativo, Benítez explicó que la Defensoría trabaja junto con el Ministerio Público Fiscal en la elaboración de protocolos para aplicar la nueva legislación dentro de las facultades que conserva la provincia.
“Nosotros lo que estamos estudiando, lo que estamos haciendo, y ya hemos avanzado muchísimo con el Ministerio Público Fiscal, es en establecer protocolos para hacerlo lo menos punible a esta ley”, sostuvo.
El defensor general señaló que Entre Ríos puede recurrir a herramientas que permanecen dentro de las competencias provinciales para evitar que las respuestas frente a los adolescentes impliquen necesariamente una privación de libertad. Entre esas alternativas mencionó la mediación, la probation y otras salidas alternativas.
En ese sentido, explicó que el objetivo de esos mecanismos es utilizar las facultades no delegadas en la Nación para establecer respuestas diferentes al encarcelamiento cuando las características del caso lo permitan.
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