AGMER, ATE y UPCN coincidirán en una jornada que promete paralizar buena parte del Estado y vuelve a poner en discusión el nivel de consenso político del proyecto de reforma previsional.
La discusión de la reforma previsional impulsada por el gobierno de Entre Ríos ingresará este miércoles en una instancia decisiva. Mientras la Cámara de Diputados se dispone a tratar el proyecto que ya obtuvo media sanción en el Senado, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) resolvió convocar a un nuevo paro provincial con movilización, una medida que coincidirá con las huelgas anunciadas por ATE y UPCN -la de este gremio será por reclamo salarial- y que anticipa una jornada de fuerte impacto sobre el funcionamiento del Estado.
De todos modos, la simultaneidad de las medidas de fuerza configura un escenario político de singular relevancia. No se trata únicamente del rechazo de un sector, sino de la convergencia de los principales gremios que representan a los trabajadores de la administración pública provincial -también hay que sumar a los judiciales- en oposición a una iniciativa que el oficialismo considera indispensable para modificar el régimen previsional entrerriano.
La sesión legislativa, en consecuencia, estará acompañada por una movilización frente a la Casa de Gobierno y por un alto nivel de afectación en escuelas, organismos públicos y distintas dependencias estatales. La provincia estará virtualmente casi paralizada, a excepción de la Legislatura que sesionará.
La convocatoria
En un comunicado difundido este lunes, AGMER confirmó un paro provincial y convocó a concentrar a las 9:30 frente a la Caja de Jubilaciones y Pensiones, en la esquina de Corrientes y Andrés Pazos de Paraná, desde donde marchará hacia la Casa Gris para permanecer durante el tratamiento del proyecto.
“Este miércoles 29 de julio, mientras las y los diputados sesionen definiendo el futuro de nuestra Ley Previsional, estaremos en las calles diciendo NO a la reforma; NO a la quita de derechos; NO al saqueo”, expresó la organización sindical.
El gremio sostuvo además que la reforma avanza sin atender los planteos formulados por los trabajadores durante las últimas semanas.
“Más de diez semanas llevan nuestras medidas de fuerza, en las que reclamamos a las y los legisladores que escuchen nuestro reclamo, que no hagan oídos sordos al contundente NO con el que la docencia se expresa para negarse a la reforma de nuestra Ley Previsional”, señaló el documento.
AGMER cuestionó asimismo la velocidad del trámite parlamentario y vinculó el tratamiento en Diputados con la media sanción otorgada días atrás por el Senado.
“Las y los diputados de nuestra provincia, emulando también la velocidad de los anteriores, votarán una reforma que nadie pidió y a la que la docencia y el pueblo trabajador se niega rotundamente”, sostuvo el mayoritario gremio de los docentes. La convocatoria concluye con una consigna dirigida a los legisladores: “¡No sesionen de espaldas al pueblo!”.
Un conflicto que excede la discusión previsional
La nueva medida de fuerza se inscribe en un conflicto que ya supera las diez semanas y que combina dos ejes: el rechazo a la reforma previsional y la disputa salarial con el Gobierno provincial.
El antecedente inmediato fue el paro realizado el 20 de julio en reclamo salarial. Según informó AGMER, la huelga alcanzó un acatamiento del 85 por ciento en toda la provincia.
En aquella oportunidad, el sindicato explicó que la medida fue adoptada luego de que el Ejecutivo resolviera liquidar por decreto la última propuesta salarial, previamente rechazada por el Frente Sindical Docente. “La medida de fuerza fue resuelta luego de que el Gobierno dispusiera pagar por decreto la pobrísima oferta salarial presentada en paritarias y rechazada por el Frente Sindical Docente. De esa forma, y por tercera vez, el Gobierno hizo fracasar la paritaria, negando el diálogo y la posibilidad de discutir una recomposición salarial real”, afirmó la entidad.
El gremio también sostuvo que la adhesión registrada expresó el malestar existente en el sector docente. “El masivo acatamiento al paro provincial hace visible el malestar de las y los docentes de nuestra provincia, que soportan uno de los salarios más bajos del país, en un contexto de crisis económica, ajuste y empobrecimiento”, indicó.
Una protesta de alcance provincial
Sin embargo, el dato político que distingue la jornada prevista para este miércoles es la coincidencia entre los distintos gremios estatales.
A la medida convocada por AGMER se sumarán los paros anunciados por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), por lo que buena parte de la administración pública provincial verá resentido su funcionamiento.
La protesta adquiere así una dimensión que trasciende el conflicto docente. La discusión previsional llegará al recinto legislativo en un contexto en el que prácticamente todo el arco sindical del empleo público provincial manifiesta su oposición al proyecto.
Esa simultaneidad constituye uno de los principales datos políticos de la jornada, ya que mientras el oficialismo buscará reunir los votos necesarios para convertir en ley la reforma, en el exterior de la Legislatura confluirán los trabajadores directamente alcanzados por esa iniciativa.
El desafío político
La discusión sobre la reforma previsional ha estado atravesada por argumentos vinculados con la sustentabilidad financiera del sistema jubilatorio, la necesidad de introducir modificaciones y la defensa de derechos adquiridos.
Pero más allá del debate técnico y jurídico, la sesión de este miércoles pondrá en evidencia otra dimensión del conflicto: la política. Porque el tratamiento del proyecto coincidirá con una protesta prácticamente unificada de los trabajadores estatales entrerrianos.
En ese contexto, la discusión deja de limitarse al contenido de la norma y se desplaza hacia otro plano: el de su legitimidad social.
La pregunta, entonces, aparece casi de manera inevitable. ¿Puede hablarse de un consenso suficiente alrededor de una reforma previsional cuando los principales sindicatos que representan a los trabajadores públicos de Entre Ríos rechazan en conjunto los cambios que se pretenden aprobar?
La respuesta excederá el resultado de la votación en la Cámara de Diputados. También dependerá de la capacidad del sistema político para construir acuerdos alrededor de una reforma que impactará sobre la totalidad de los trabajadores activos y jubilados del Estado provincial y que, al menos hasta el momento de su tratamiento legislativo, encuentra enfrente a prácticamente todo el universo sindical que los representa.
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