Quien denunció hace casi dos años que la política le pasaba la cuenta de sus fiestas a quienes no habían nacido a tiempo para disfrutarlas, “hoy monta esa misma fiesta, pero con otros invitados y otra forma de cobrarla”, señala el autor. Adrián Genesir Ensayista político, consultor de Educación Superior.
El usurero no te apunta con un arma. Aparece cuando estás urgido de efectivo y te ofrece una salida rápida: “dejame algo en garantía y te doy la plata que necesitás hoy”. El truco no está en el préstamo, está en la tasación. Te va a dar por ese reloj, esa casa, esa herramienta de trabajo, mucho menos de lo que realmente vale, porque sabe que vos no estás en condiciones de discutir el precio. La urgencia es el negocio.
Argentina necesita dólares. Eso no lo inventó Milei: sin dólares no hay forma de sostener el tipo de cambio, pagar la deuda, ni convencer a nadie de que el programa económico es sostenible.
Lo llamativo es que el propio Milei enseñó esta lógica antes de aplicarla. En el BID fue textual: “hay gente que todavía no nació y tiene que pagar esta fiesta”. En cadena nacional llamó a la deuda “un genocidio contra los jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones futuras”.
El hombre que denunció que la política le pasaba la cuenta de sus fiestas a quienes no habían nacido, hoy monta esa misma fiesta. Con otros invitados y otra forma de cobrarla.
Futuro, RIGI y venta de estabilidad falsa
Hay una crítica libertaria a la Argentina que es justa: el país no atrae inversión porque no ofrece previsibilidad. Cambian las reglas con cada gobierno, la Justicia tarda años, el Banco Central se maneja con una discrecionalidad que asusta a quien planifica a diez años. Eso es real.
La estabilidad institucional se construye con instituciones: una Justicia independiente, un Banco Central autónomo, un Congreso que legisle reglas que el próximo gobierno no pueda voltear por decreto. Eso lleva años y no da un titular esta semana. El RIGI hace otra cosa: la fabrica por contrato. A cambio de una inversión mínima de US$ 200 millones, el Estado garantiza estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años, 40 si la inversión supera los 2.000 millones, con las disputas resueltas en tribunales internacionales, no en la Justicia argentina.
Ahí está el gesto usurero. No es solo que el Estado le vende estabilidad a quien puede pagarla, en vez de construirla para todos. Es que se la vende robándosela a generaciones que todavía no votaron: un contrato RIGI dura más que cualquier mandato, y le saca al próximo Ejecutivo, al próximo Congreso y hasta a los jueces de hoy y los por venir la posibilidad de decidir algo distinto sobre minería, litio, petróleo y gas.
No hipoteca un recurso. Hipoteca la discusión democrática sobre ese recurso, para los tres poderes a la vez.
Es un patrón que se repite: la Hidrovía Paraná-Paraguay, por donde sale el 80% de las exportaciones, se concesionó por 25 años a un consorcio extranjero. Nucleoeléctrica, superavitaria según su propio gremio, sale a licitar el 44% de sus acciones. Activos que el país necesita controlar, entregados por plazos que exceden cualquier mandato, a cambio de dólares que hacen falta ahora.
Usura y minería que no deja nada atrás
La apuesta más fuerte por esos dólares es la minería, hoy el sector que más crece. En abril el Congreso flexibilizó la Ley de Glaciares para habilitar minería en zonas antes vedadas: el Gobierno estima que destraba US$ 30.000 millones en inversión. El CONICET advirtió que la reforma ignora el conocimiento actual sobre permafrost andino, La Pampa presentó un amparo judicial, Greenpeace protestó frente al Congreso.
Pero la minería es, por naturaleza, un sector de baja generación de empleo: mientras el PBI minero-energético crece, la industria y la construcción, que emplean a millones, siguen por debajo de donde estaban al inicio de esta gestión.
Si eso es así, lo lógico sería capturar el valor donde sí se genera trabajo calificado: la fabricación de los equipos. Argentina tenía una empresa que hacía exactamente eso desde 1907, IMPSA, y fue la primera privatización de la era Milei: vendida por US$ 27 millones, contra una deuda de 570 millones, a una firma de Luisiana cuyos directivos son donantes identificados de Trump. Se vendió, justo antes de escalar el negocio minero, la capacidad de fabricar las herramientas con las que ese negocio se hace.
Semanas después de asumir, el Gobierno derogó por decreto la ley que impedía a extranjeros comprar tierras con lagos o ríos. La Justicia lo frenó, así que ahora insiste con un proyecto que hace lo mismo por ley. Ya hay una causa judicial por 60.000 hectáreas en Santa Cruz, con 50 kilómetros de ribera sobre un lago patagónico, que un fideicomiso extranjero intentó apropiarse para un hotel. El agua dulce y los glaciares son reservas para el futuro. La decisión, en los dos casos, es la misma: flexibilizar el acceso hoy a cambio de dólares hoy.
Lo lógico sería capturar el valor donde sí se genera trabajo calificado: la fabricación de los equipos. Argentina tenía una empresa que hacía exactamente eso desde 1907, IMPSA, y fue la primera privatización de la era Milei”
El Gobierno también reformó por decreto la ciudadanía: un extranjero puede naturalizarse sin los dos años de residencia si hace una “inversión relevante”, desde US$ 500.000 . Vender pasaportes es como emitir moneda: cada uno que se entrega sin las condiciones que hoy lo sostienen devalúa el resto.
El pasaporte argentino vale lo que vale, acceso sin visa a 171 países, porque es escaso y el mundo confía en que Argentina lo entrega con criterio. Pero el mismo decreto no solo abrió esa puerta, le sacó la decisión a los jueces federales, que la tenían desde 1869, y se la dio a una agencia que responde a Economía.
Hace unos días, la Justicia electoral anuló esa parte: dijo que el Ejecutivo se excedió, porque la ciudadanía habilita derechos políticos y ahí un DNU no puede meterse. El trámite vuelve a los jueces. Es el mismo pulso de todo este texto, en miniatura: el Gobierno corre a vender, y lo poco que todavía funciona, frena.
Argentina necesita dólares, pero puede resolver esa necesidad sin liquidar, uno por uno, los activos que las próximas generaciones van a precisar. La diferencia no está en si hace falta atraer inversión, sino en si se construye sobre instituciones que valgan por sí mismas, o se fabrica por contrato cada vez que hace falta caja.
El propio Milei definió el estándar moral para juzgar esto: dijo que cargarle la fiesta actual a las generaciones futuras era una cuestión moral. Tenía razón. Se olvidó de aplicarse la misma vara cuando la fiesta empezó a pagarse, en vez de con deuda, con el patrimonio de un país que todavía no terminó de descubrir todo lo que tiene.
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