La Profesora María Flores había declarado al programa #RadioSabado de #radiointegracion905, que el control de la auditoria médica le corresponde al Ministerio de Trabajo. AGMER Seccional Federal expresó en un comunicado que “corresponde señalar que la normativa vigente, junto con la Resolución Nº 3305 del C.G.E. que establece la estructura orgánica funcional del organismo, determina con claridad las funciones, competencias y responsabilidades que le incumben en su carácter de autoridad departamental, motivo por el cual no resulta admisible su apartamiento de las obligaciones institucionales que le corresponden.”
COMUNICADO DE AGMER FEDERAL
Ante las declaraciones efectuadas por la Directora Departamental de Escuelas de Federal, Prof. María Flores, en un programa radial emitido el día 23/05, desde AGMER Federal consideramos necesario realizar algunas aclaraciones.
Tales manifestaciones pretenden deslindar y desconocer la amplia responsabilidad institucional que dicho cargo conlleva respecto de los procesos educativos en el Departamento Federal y del efectivo cumplimiento del derecho a la educación.
Corresponde recordar que la función de la Dirección Departamental de Escuelas se encuentra determinada por la Ley Provincial de Educación N° 9890, por el Estatuto del Docente —Decreto/Ley N.º 155/62— y por la normativa vigente, que asigna a dicha autoridad responsabilidades específicas en el marco de su jerarquía institucional.
Asimismo, cabe señalar que el acceso a dicho cargo debería producirse mediante concurso, conforme a lo establecido por la Constitución de la Provincia de Entre Ríos.
En ese sentido, la Resolución Nº 3305 del Consejo General de Educación, que aprueba la Estructura Orgánica Funcional del C.G.E., reafirma el carácter institucional, jerárquico y organizado de los organismos de conducción educativa, dentro de los cuales las direcciones departamentales cumplen un rol central en la administración, articulación y garantía de funcionamiento del sistema educativo en su jurisdicción.
La normativa vigente establece que la Dirección Departamental debe actuar, en el marco del Estado, como garante del derecho a la educación, ejerciendo la supervisión administrativa y pedagógica de las instituciones educativas de su jurisdicción, y asegurando el acompañamiento, las respuestas, el control y la cobertura permanente de las necesidades del sistema educativo departamental.
Sin embargo, el posicionamiento asumido y la persistencia de respuestas insuficientes frente a problemáticas reiteradamente señaladas configuran una situación de evidente preocupación en las escuelas del departamento:
Rechazo sistemático de certificados médicos, en algunos casos sin que medie justificación debidamente acreditada por el médico auditor.
Demoras en auditorías, autorizaciones de licencias y coberturas de suplencias.
Suspensión, demora o imposibilidad de realización de concursos, como consecuencia de auditorías no efectuadas en tiempo y forma o de la falta de resolución de situaciones de licencia.
Falta de docentes frente a alumnos.
Sobrecarga laboral para equipos directivos, secretarios, docentes y demás personal institucional.
Improvisación permanente para sostener la continuidad pedagógica ante la ausencia de respuestas administrativas oportunas.
Cuando el Estado no garantiza reemplazos en tiempo y forma, cuando se demoran licencias, suplencias y concursos, son las comunidades educativas las que terminan sosteniendo, con esfuerzo, sobrecarga y desgaste, un sistema que debería brindar respuestas inmediatas y eficaces.
Desde AGMER Federal no hablamos desde la especulación ni desde intereses sectoriales. Lo hacemos desde la realidad cotidiana de las escuelas, de las y los trabajadores de la educación, y de las y los estudiantes, quienes ven vulnerado su derecho a enseñar y aprender en condiciones dignas.
Por ello, dejamos expresado que, en reiteradas reuniones mantenidas con la Directora Departamental de Escuelas, y en su propia presencia, hemos planteado estas problemáticas de manera directa, recibiendo como respuesta una expresa desvinculación de responsabilidad bajo el argumento de que “no obtiene nada para hacer” o que “eso no depende de ella”. Frente a ello, corresponde señalar que la normativa vigente, junto con la Resolución Nº 3305 del C.G.E. que establece la estructura orgánica funcional del organismo, determina con claridad las funciones, competencias y responsabilidades que le incumben en su carácter de autoridad departamental, motivo por el cual no resulta admisible su apartamiento de las obligaciones institucionales que le corresponden.
Por todo ello, exigimos responsabilidad, presencia y cumplimiento efectivo de las funciones establecidas por la Ley Provincial de Educación. En ese marco, se ha promovido una denuncia laboral ante el claro incumplimiento de responsabilidades vinculadas tanto a la garantía del derecho a la educación como a los derechos laborales de las y los docentes.
Defender la escuela pública también implica garantizar que las instituciones cuenten con los recursos humanos necesarios, con respuestas administrativas adecuadas y con pleno respeto hacia los derechos de las y los trabajadores de la educación.
AGMER FEDERAL
Agrupación Ñandubay
