La Superintendencia de Salud puso en crisis a la OSAPM de Entre Ríos y a otras obras sociales nacionales. Miles de afiliados entrerrianos podrían perder cobertura médica.
La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) declaró en situación de crisis a varias obras sociales, entre ellas la Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de Entre Ríos (OSAPM), lo que genera un fuerte impacto en la provincia. El organismo también incluyó a la Obra Social del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas y a la Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo, Encendido y Afines (OFPIF), todas con serios problemas financieros.
En el caso entrerriano, la decisión afecta de manera directa a cientos de trabajadores que dependen de OSAPM para la cobertura de consultas, internaciones y tratamientos de alta complejidad. La medida encendió la alarma entre los gremios locales, que ya analizan medidas legales si se interrumpen prestaciones esenciales.
Fuentes sindicales en Paraná señalaron a INFORME DIGITAL que la situación “pone en jaque a familias enteras, muchas de ellas con tratamientos crónicos que no pueden suspenderse”. En Concordia, la preocupación es similar, ya que gran parte de los afiliados residen en esa ciudad y dependen de la red de clínicas privadas para la atención.
El antecedente inmediato es el cierre de la Obra Social del Personal Aduanero (OSPAD) en junio, por irregularidades administrativas detectadas por la SSS. La diferencia es que, en este caso, la crisis alcanza a entidades con mayor volumen de afiliados, lo que amplifica el riesgo sanitario en varias provincias, incluida Entre Ríos.
Economistas del sector remarcan que el problema de fondo es el desfinanciamiento del sistema: los aportes quedaron rezagados frente a la inflación en medicamentos, honorarios e insumos. “Si no se corrige el mecanismo de financiamiento, otras obras sociales seguirán en la misma senda”, advirtieron.
Mientras tanto, el Ministerio de Salud de Entre Ríos monitorea el caso sin pronunciamientos públicos, a la espera de definiciones nacionales sobre cómo se garantizará la continuidad de la cobertura. La posibilidad de transferir afiliados a otras obras sociales es una de las alternativas en estudio, aunque todavía sin un esquema definido.
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