La intervención del IOSPER ha sacado a la luz una serie de irregularidades que no pueden ser ignoradas. Se han detectado sueldos exorbitantes, como el del presidente del directorio, que alcanzaba los 16 millones de pesos mensuales, y una masa salarial total para los siete directores y sus asesores de 135 millones de pesos por mes. Estas cifras resultan inaceptables en una obra social que presentaba un déficit mensual de 3.000 millones de pesos y una deuda acumulada de más de 43.000 millones.
Diputado provincial Jorge Maier (JxER).
También se descubrieron más de 80 personas que cobraban sueldos sin trabajar, e incluso casos como el de un familiar del ex presidente del directorio que percibía un salario sin residir en el país. A esto se suman contrataciones irregulares, pagos sin contraprestación efectiva, sobreprecios en medicamentos que en algunos casos superaban el 1.700% y maniobras con prótesis que están siendo investigadas por la Justicia.
El sistema no sólo estaba quebrado desde lo financiero, sino también desde lo institucional y ético. Por eso el gobernador Frigerio decidió avanzar con un proyecto de ley que crea una nueva obra social, con principios de eficiencia, transparencia, control ciudadano y sostenibilidad.
Sabemos que hay sectores que se oponen, particularmente aquellos que durante años se beneficiaron de este modelo opaco. Pero la política no puede mirar para otro lado: los 300.000 afiliados merecen una cobertura digna, no un sistema secuestrado por privilegios.
La nueva obra social no será privatizada: el proyecto está abierto al debate legislativo y dispuesto a incorporar todas las mejoras necesarias, pero con un único límite: no volver nunca más a lo que fracasó.
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