El secretario de Energía de la provincia argumentó los excesivos incrementos en la factura de luz, derivados de las decisiones nacionales. “Se podría haber trabajado con gradualidad” remarcó.
El secretario de Energía de la provincia, Jorge González, sostuvo que son entendibles las quejas de los usuarios del sistema energético, en vistas de los enormes incrementos registrados en las boletas. Argumentó asimismo que es la consecuencia de decisiones tomadas por el Gobierno nacional, sin injerencia de Entre Ríos.
“La gente se queja y tiene razón. El incremento ha sido sustancial. Entre el 1 de diciembre y el 1 de febrero Camesa aplicó un 68%. Eso se está reflejando en las facturas, sumado al consumo estacional -diciembre, enero y febrero-. Hubo un verano caluroso, con temperaturas sostenidas. Todo eso hizo que la boleta fuera excesiva” afirmó González en Telediario.
El funcionario, quien además es el presidente de Enersa, remarcó que en la distribuidora hay órdenes expresas de atender todos los reclamos, analizando situación por situación: “La boleta se conforma por el costo mayorista, el costo de distribuidora y los impuestos. Hoy lo que hace subir el precio es el mayorista. Se ha elevado en un 833% en dos años. Si bien podemos pensar que cuando estaba $107 el megawtt hora estaba muy bajo, pasar a mil pesos es un extremo. Hay toda una franja que se podría haber trabajado con gradualidad, para que no repercuta en tan poco tiempo”.
González sostuvo que el costo de distribución, por otro lado, ha tenido que adaptarse a los embates de la inflación: “Obviamente que golpea a los costos operativos. El gasoil, medidores, cables y otros elementos que son necesarios para brindar un buen servicio han subido”.
Para el secretario de Energía, los tres elementos prioritarios del servicio eléctrico son la calidad, las inversiones y una tarifa razonable: “Eso debe coexistir. Hay 30 horas de corte por persona en el país. En Entre Ríos hay seis. En un plan a 10 años trabajamos con todos los sectores productivos, universidades y otros actorespara que sea una política de Estado, que exceda a un gobierno”.
En cuanto a posibles aumentos, González resaltó: “No está previsto, y seguramente si lo hay será analizado. Hay un dato no menor, que tiene que ver con los amparos judiciales. Si nosotros dejamos de pagar a Camesa se dejaría de lado a los beneficiarios de la tarifa subsidiada, que son alrededor de 165 mil”.
