La “tarea de asegurar los derechos conquistados” será ardua, aseguró Luciana Basso, docente, investigadora y integrante de la Asamblea de Mujeres de Paraná. Consultada sobre si era esperado el embate judicial con la legislación de la IVE, apuntó que sí, ya que repite una práctica de sectores obscurantistas, aunque admitió que en el caso de la presentación de Entre Ríos sorprendió que se incluyera en los argumentos teorías conspirativas.
“Cada vez que hay avances en materia de derechos, sobre todo con los que tienen que ver con derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, estas suertes de avalanchas fundamentalistas, de abroquela miento de sectores que se oponen a este tipo de derechos ya es algo a lo que estamos acostumbrados desde las organizaciones a que ocurra”, admitió en diálogo con esta Agencia Luciana Basso, activista e investigadora feminista. Es por esto que frente a las presentaciones a la justicia para declarar inconstitucional la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE) “que empiecen a aparecer presentaciones como las que hubo en Salta, Chaco y la de Entre Ríos, no es una novedad, porque incluso en su momento con la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hubo algunas expresiones similares. No es algo que sorprenda. Es una práctica que desde estos sectores nos tienen acostumbradas. Era algo que se podía ver venir”, planteó. Sí, en tonto admitió “sorprende un poco en el caso de la de Entre Ríos la inclusión de teorías francamente conspirativas donde aparecen, la persona que hace la presentación sostiene que hay conspiraciones internacionales. También es un argumento que hemos escuchado otras veces, pero verlo así, sostenido de ese modo, sorprende. Por lo mismo suena a argumentos demasiados irracionales para que algún juez o jueza pueda tomar en serio eso”, aseguró.
Respecto a cómo se replantean la continuidad del trabajo desde la Campaña por el Derecho a la IVE, Basso señaló que se piensa en acciones que las involucre “en asegurar este derecho”. Porque “por supuesto que quienes formamos parte de la Campaña, de la Asamblea de Mujeres y espacios feministas, sabemos y también es algo que veníamos charlando y debatiendo mucho es que la Ley sola, la reglamentación ni los dispositivos que existen en este momento alcanzan para asegurar ese derecho. Es muy importante que las organizaciones que podamos ser parte del proceso para garantizar lo que sería la exigibilidad del derecho que es una de las cuestiones importantes. Porque si el derecho se consigue pero hay obstáculos desde el punto de vista de la exigibilidad es como que no lo tuviéramos. Entonces estamos seguras que hay que participar, las organizaciones de mujeres, las organizaciones de diversidad y feminista tenemos que ser parte de ese monitoreo y generar esos canales para lograr que ese derecho sea una realidad en todos los centros de salud, en todos los efectores de todo el país”.
Frentes
En cuanto a otros escenarios de disputa política de la ley, la activista señaló: “Sabemos que se viene otro frente de batalla con las obras sociales para poder cubrir la práctica de interrupción voluntaria del embarazo tanto como esta figura de objeción de conciencia”. En este orden contó que se han comenzado con reuniones en espacios estatales y de Salud para relevar el panorama actual. Es necesario, sostuvo, que se dote de personal que pueda garantizar, formación de personal y acompañamiento para llevar adelante la tarea. Porque en este orden han evaluado que se deben evitar las “trabas de lo político” que tiene su correlato en lo “cotidiano y micro” y que pueden llegar a dificultar la implementación de la legislación.
Y en las charlas y debates que continúan en el movimiento que sigue activo, Basso adelantó que han trazado una serie de tareas que tienen que ver “asegurar también la despenalización social” de la Ley y reforzar la comunicación “información científica, con puntos de vista para abrir la información a lo público para evitar argumentos obscurantistas como pedido de inconstitucionalidad”. Asimismo, apuntan a reforzar el 0800 del Ministerio de Salud y seguir acompañando a quienes deseen “acceder a este derecho y que se pueda brindar en los centros de salud”. (aim)
