El electo secretario General de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Abel Antivero, asuirá este viernes 26 de diciembre en Colón, aunque su mandato comienza formalmente el 2 de enero de 2026. El gremio “insistirá al gobierno para discutir el salario, ya que el pedido de reapertura de paritarias fue un mandato del Congreso y corrieron los tiempos legales en los que el Ejecutivo tenía que responder”, afirmó.
En ese marco, aseguró que desde la nueva conducción de Agmer “se seguirá luchando por mejores condiciones laborales y salariales para los docentes entrerrianos, en defensa de la educación pública”.
En diálogo con esta Agencia, manifestó la preocupación y se declaró en estado de alerta por el borrador de la Ley de ‘Libertad Educativa’ que impulsa el gobierno de Javier Milei. El proyecto “atenta contra los derechos sociales a la educación, la escuela pública y las organizaciones sindicales”, advirtió.
Agmer, como sindicato docente y entidad de base de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), “se declaró en alerta ante la circulación del borrador del proyecto de ‘Libertad Educativa’ de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano de la Nación”, afirmó a esta Agencia Antivero. En ese sentido, apuntó que la iniciativa del gobierno de Javier Milei “va contra de los derechos sociales a la educación, a la escuela pública y de las organizaciones sindicales, entre otros”.
El texto, que busca derogar la Ley Nacional de Educación 26.206 enciende las alarmas, porque esa norma, que cumplirá 20 años en 2026, “es de avanzada y es consecuencia de aportes de diferentes sectores sociales incluida la Ctera, en representación de los trabajadores de la educación”, dijo.
En ese marco, precisó que la propuesta del Ejecutivo Nacional “busca eliminar al Estado como garante del derecho a la educación e impone la figura de la familia como responsable, es decir, el chico va a ir a la escuela si quiere o no y la familia va a definir la trayectoria a seguir, si es a través de la virtualidad o la presencialidad, particularidades que atentarán contra la calidad educativa que demasiado vapuleada se ve a través de la falta de inversión de los Estados provincial y nacional”.
Además, detalló que otra de las características “es que vuelve a introducir la religión en escuela pública, que es otro grave retroceso que nos lleva al siglo XIX, previo a la Ley 1420 sancionada en 1884, que es origen de la proyección política en el marco educativo por parte de Domingo Faustino Sarmiento”.
Ante este escenario, el docente aseguró que si el programa del gobierno nacional se presenta en el Congreso y avanza “será un grave retroceso que va a tener consecuencias sociales irreparables, por eso rechazamos y buscamos que todos los trabajadores de la educación tomen conciencia sobre el riesgo que implicará, porque, también, estaría en juego la estabilidad de los trabajadores en la educación pública”.
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