El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, expresó su apoyo a la petición de los intendentes y presidentes comunales de la Mancomunidad Tierra de Palmares, quienes solicitan la relocalización del proyecto de instalación de una planta de producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos por parte de la empresa HIF Global en Paysandú, Uruguay.
La preocupación de las autoridades locales radica en los posibles impactos negativos que dicha planta podría tener en el turismo y el ambiente de la región. En una declaración conjunta, los mandatarios de las localidades que integran la Mancomunidad, algunas pertenecientes a los departamentos de Colón y San Salvador, solictaron unánimemente que la planta sea reubicada en un área que no genere estos perjuicios. Argumentan que la instalación afectará directamente al turismo, principal actividad económica de la zona, debido a la contaminación visual y al impacto en el ecosistema por las emisiones de contaminantes.
Aunque reconocen la soberanía de Uruguay y los límites jurisdiccionales, la proximidad física de la planta con la región entrerriana la sitúa en una zona de posible impacto. Por ello, consideran que tanto los inversores como el gobierno uruguayo deberían tener en cuenta estas preocupaciones al evaluar la ubicación del proyecto.
En respuesta a esta solicitud, el gobernador Frigerio instruyó a las áreas correspondientes a iniciar las gestiones necesarias para activar el mecanismo de consulta previsto por el Estatuto del Río Uruguay, en el marco de la Comisión Administradora del Río Uruguay. El objetivo es garantizar que la población potencialmente afectada por la instalación de este u otros proyectos a la vera del río Uruguay cuente con la información ambiental necesaria y sea tenida en cuenta, con el fin de crear condiciones para un desarrollo económico, social y ambiental consensuado y armonioso.
La experiencia y la legislación vigente en materia ambiental hacen imprescindible que los gobiernos escuchen a las poblaciones ribereñas, conforme al ejercicio de sus derechos ciudadanos a un medio ambiente sano, lo que implica la necesaria protección de los recursos naturales.
El Gobierno de Entre Ríos reafirma su compromiso con el bienestar de sus comunidades y la preservación del entorno natural, promoviendo un desarrollo sostenible que contemple las necesidades y aspiraciones de todos los habitantes de la región.
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