El Consejo Provincial del Partido Justicialista (PJ) de Entre Ríos y la Liga de Intendentes Justicialistas repudiaron las expresiones violentas dirigidas contra la intendenta de Paraná, Rosario Romero, durante un programa de streaming conducido por un concejal vinculado a La Libertad Avanza. Ambas organizaciones respaldaron la denuncia penal presentada por el municipio y advirtieron sobre la gravedad de los discursos intimidatorios y la violencia política por razones de género.
El PJ entrerriano y la Liga de Intendentes Justicialistas expresaron su solidaridad con Romero y su familia, luego de que en el programa de streaming El Fortín, emitido el 17 de noviembre, se hiciera referencia a la posibilidad de incendiar la vivienda de la presidenta municipal.
Durante la transmisión, conducida por el concejal paranaense Maximiliano Rodríguez Paulín y el fotógrafo Juan Manuel Hernández, con la participación del secretario provincial de Transporte, Aníbal Steren, Hernández expresó: “¿Qué quiere, que le prendan fuego la casa esta mina?”. Posteriormente, el fragmento fue editado y difundido en las redes sociales del programa.
El Consejo Provincial del PJ sostuvo que estas expresiones “nada tienen que ver con la crítica política legítima ni pueden ampararse bajo la libertad de expresión” y advirtió que “sugerir un ataque incendiario contra la vivienda particular de una autoridad democrática constituye una incitación directa a la violencia contra su persona y su entorno familiar”.
En ese sentido, señaló que la gravedad del episodio se profundiza ante los recientes hechos de vandalismo y quema de contenedores registrados en Paraná.
Asimismo, cuestionó la responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas y conducen espacios de comunicación. “Quien fue elegido por el voto popular para representar a la ciudadanía tiene el deber ineludible de dar el ejemplo en el respeto a las instituciones y a quienes las encabezan, y no de avalar ni amplificar discursos intimidatorios”, remarcó.
El justicialismo también respaldó la denuncia penal presentada por la Municipalidad de Paraná ante el Ministerio Público Fiscal por amenazas, instigación a cometer delitos, intimidación pública e incitación a la violencia colectiva. Además, acompañó el pedido de que el caso sea investigado con perspectiva de violencia política por razones de género, conforme a las leyes nacionales 26.485 y 27.533.
En el plano político, el Consejo Provincial llamó a “rechazar con absoluta firmeza cualquier intención del oficialismo provincial de iniciar una campaña electoral sucia, montada sobre la violencia política, las fake news y la propagación de mensajes intolerantes y antidemocráticos a través de las redes sociales”.
Por su parte, la Liga de Intendentes Justicialistas coincidió en que las expresiones difundidas “no forman parte del debate público ni de la crítica política, que son legítimas y necesarias en democracia” y sostuvo que “se trata de una incitación a la violencia contra una persona y contra su ámbito familiar”.
La organización de presidentes municipales advirtió, además, que “la libertad de expresión es un pilar de la vida democrática y no puede usarse para justificar la amenaza ni la violencia”.
Finalmente, ambas organizaciones convocaron a la dirigencia política, los medios de comunicación y la ciudadanía a preservar la convivencia democrática. “Podemos discutir con firmeza, pero siempre dentro de los márgenes del respeto y la ley”, concluyó la Liga de Intendentes.
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