Lo ocurrido en la sesión del Concejo Deliberante del miércoles 28 de octubre merece una reflexión.
Que el presidente del Concejo, en una acalorada alocución, solicite la renuncia de una concejal de la oposición por no coincidir con sus dichos en medios de prensa o radiales es, cuanto menos, preocupante.
Las instituciones democráticas no son propiedad de quienes circunstancialmente ocupan un cargo. Una concejal no está allí por decisión personal del presidente del Concejo, ni porque él le haya otorgado ese lugar. Está allí porque fue elegida por el voto popular, y representa a ciudadanos que confiaron en ella.
La libertad de expresión, el disenso y el respeto por las distintas voces son pilares de la democracia. No se puede pretender que quien piensa diferente calle, se someta o renuncie porque sus opiniones incomodan.
Por momentos, aquella intervención se pareció más al reclamo de un patrón de estancia a un empleado que a la palabra de una autoridad institucional en un ámbito democrático.
Los cargos públicos no otorgan poder para disciplinar al que piensa distinto. Otorgan una responsabilidad: la de respetar las instituciones, la voluntad popular y la pluralidad de voces.
La democracia no exige obediencia. Exige respeto, debate y convivencia con las diferencias.
María Alejandra Gómez DNI N° 20.950.710
