Miles de estudiantes, docentes y trabajadores universitarios se movilizaron para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento. La jornada terminó con enfrentamientos, lanzamiento de piedras y gases lacrimógenos.
La quinta Marcha Federal Universitaria reunió a miles de manifestantes frente al Congreso de la Nación, en la ciudad de Buenos Aires, para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización contó con la participación de estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, organizaciones sindicales y representantes políticos que reclamaron mayores recursos para el sistema de educación superior.
Durante la jornada se registraron incidentes entre un grupo de manifestantes y efectivos de Gendarmería Nacional en las inmediaciones del Congreso. Los enfrentamientos ocurrieron sobre la avenida Rivadavia, entre Callao y Rodríguez Peña, cuando algunas personas arrojaron piedras contra el vallado de seguridad y las fuerzas federales respondieron con gases lacrimógenos, balas de goma y un camión hidrante.
Los disturbios se desarrollaron en un sector alejado del escenario principal donde se realizaba el acto universitario. Mientras se producían los enfrentamientos, representantes de las instituciones educativas continuaban con las actividades previstas y la lectura de un documento conjunto que cuestionó la falta de implementación de la normativa de financiamiento.
El principal pedido de la movilización estuvo relacionado con la actualización de los salarios docentes y no docentes, las becas estudiantiles y los fondos destinados al funcionamiento de las universidades públicas. Los organizadores señalaron que la legislación recibió respaldo del Congreso y de la Justicia, pero denunciaron que el Poder Ejecutivo todavía no avanzó con su aplicación.
Entre los reclamos salariales, representantes gremiales expusieron diferencias entre los ingresos actuales y los valores previstos por la normativa. Como ejemplo, señalaron que un ayudante de primera con dedicación semiexclusiva percibió en octubre un salario básico bruto de 561.659 pesos, mientras que, según sus cálculos, la aplicación de la ley elevaría esa cifra a 741.111 pesos.
El documento leído durante la jornada también cuestionó el presupuesto educativo previsto para 2027 y solicitó un incremento del 33,4% respecto de la propuesta del Gobierno nacional. Además, las organizaciones manifestaron preocupación por el valor de las Becas Progresar, que permanecen en 35.000 pesos, y por los recursos destinados a programas de apoyo estudiantil e investigación científica.
La protesta reunió a organizaciones sindicales y referentes políticos
La movilización contó con la participación de la CGT, las dos CTA, ATE y distintas agrupaciones políticas y sociales. También asistió el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien cuestionó las políticas presupuestarias del Gobierno nacional, mientras que representantes universitarios insistieron en la necesidad de garantizar recursos para el funcionamiento de las instituciones educativas.
Tras los enfrentamientos, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, cuestionó los ataques contra los efectivos y sostuvo que el derecho a manifestarse no habilita hechos de violencia. Desde el Gobierno nacional señalaron que quienes cometan delitos durante las protestas deberán responder ante la Justicia, en medio de cuestionamientos por el operativo desplegado alrededor del Congreso.
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