La Comisión de Obras Públicas del Senado analiza la reforma al Régimen General de Concesiones que ya obtuvo media sanción de Diputados. La iniciativa impulsada por el oficialismo habilita la concesión a terceros públicos o privados, nacionales o extranjeros, de actividades y funciones esenciales del Estado, entre ellas educación, salud, servicios sanitarios, seguridad, administración de justicia y sistema penitenciario. El proyecto modifica una Ley sancionada este mismo año que había excluido expresamente esas áreas de cualquier modalidad de concesión.
El futuro de la reforma que abre la posibilidad de poner en manos de terceros áreas esenciales del Estado entrerriano quedó ahora en manos de la Cámara de Senadores, luego de que el oficialismo y sus aliados aprobaran en Diputados los cambios a la Ley Nº 11.280 de Régimen General de Concesiones.
La iniciativa deberá atravesar el debate en comisión antes de llegar al recinto de la Cámara Alta. El punto central de la reforma es el artículo quinto, que altera sustancialmente el límite que había fijado la propia Legislatura meses atrás para impedir que servicios esenciales quedaran alcanzados por el régimen de concesiones.
El texto que obtuvo media sanción establece que las actividades y funciones esenciales, propias o inherentes del Estado, podrán ser objeto de distintas modalidades de concesión a favor de terceros, sean personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras. En esos casos, la titularidad, la potestad regulatoria y la fiscalización permanecerán formalmente bajo responsabilidad estatal.
La modificación alcanza expresamente a la educación pública en todos sus niveles; la salud pública y los servicios sanitarios esenciales; la seguridad pública y la protección civil; los servicios vinculados a la administración de justicia y el sistema penitenciario.
Una Ley modificada pocos meses después
La particularidad del proyecto radica en que busca cambiar una norma sancionada recientemente. Durante el tratamiento original del Régimen General de Concesiones, el justicialismo había logrado incorporar una prohibición expresa para evitar que precisamente esas funciones esenciales pudieran concesionarse, delegarse, privatizarse o transferirse a terceros.
Sin embargo, poco después de promulgada la Ley, el bloque Juntos por Entre Ríos presentó una reforma impulsada por la diputada Noelia Taborda. Durante el debate en comisión, la legisladora reconoció que la modificación respondió a un pedido del poder Ejecutivo provincial.
De ese modo, donde la norma vigente estableció una prohibición expresa, el nuevo texto admite mecanismos de concesión o gestión indirecta, aunque mantiene en cabeza del Estado la titularidad, regulación y fiscalización.
Los fundamentos del oficialismo sostienen que el objetivo es compatibilizar el carácter esencial de esas funciones con mecanismos de gestión destinados a mejorar la eficiencia, capacidad operativa, infraestructura y calidad de los servicios. Como antecedentes, la iniciativa mencionó el Hospital de la Baxada “Doctora Teresa Ratto” y las instituciones educativas públicas de gestión privada.
Asimismo, la propuesta determina que una eventual transferencia de la titularidad de esas funciones deberá contar con autorización expresa de la Legislatura mediante una ley especial.
El rechazo opositor y sindical
Desde el bloque Más para Entre Ríos en la Cámara de Diputados cuestionaron desde el inicio la reforma y advirtieron que “elimina la prohibición expresa de concesionar la educación, la salud, la seguridad, la justicia y el sistema penitenciario, y abre la puerta a su privatización”. Para el justicialismo, esas áreas constituyen responsabilidades indelegables del Estado.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) también repudió la iniciativa y sostuvo que el proyecto pretende entregar a la lógica del lucro funciones que corresponden al Estado. El gremio puso el foco particularmente en el alcance de la reforma sobre educación pública, salud, servicios sanitarios, seguridad, protección civil, administración de justicia y sistema penitenciario.
El 2 de septiembre, el oficialismo consiguió finalmente la media sanción en Diputados sin el acompañamiento del peronismo. Con esa votación, el expediente pasó al Senado, que tendrá ahora la responsabilidad política de ratificar, modificar o rechazar una reforma que redefine hasta dónde puede avanzar la participación privada en servicios esenciales de la provincia.
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