Lo sostuvo Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). Denunció que el proyecto de ley es una “venganza personal” de la autora tras la confirmación de una sentencia civil en su contra. Remarcó que “la política no tiene privilegios” ni “una coronita de impunidad” frente al resto de los ciudadanos.
Julio Piumato, Secretario General de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), se refirió “a la ofensiva impulsada por la diputada provincial Liliana Salinas contra la ‘Ley de Enganche’, la cual garantiza el principio constitucional de ‘igual remuneración por igual trabajo’ para los salarios judiciales”.
En un comunicado de prensa que llegó a la redacción de APFDigital. Piumato “denunció que la iniciativa responde a una venganza personal de la legisladora tras la confirmación de una sentencia civil en su contra, y remarcó que ‘la política no tiene privilegios’ ni ‘una coronita de impunidad’ frente al resto de los ciudadanos”.
Por último, expresó “la solidaridad del gremio a nivel nacional con la Seccional Entre Ríos, al tiempo que llamó a que toda la Justicia entrerriana actúe unida en defensa de su independencia”.
UEJN Entre Ríos
Desde la UEJN de la provincia también se expresaron en un comunicado de prensa. LA secretaria general, Bibiana Starck, expresó “su más firme rechazo” y advirtió “sobre la gravedad institucional que implica la reciente presentación del proyecto de ley impulsado por la diputada provincial Liliana Salinas, que propone poner fin a la denominada Ley de Enganche del Poder Judicial”.
Desde el sindicato entrerriano se agregó que “resulta profundamente alarmante que una iniciativa legislativa de semejante impacto sea impulsada inmediatamente después de la confirmación de una sentencia civil adversa a la legisladora que promueve el proyecto”.
Así, expresó que “desde la UEJN Entre Ríos consideramos fundamental advertir sobre las implicancias de esta iniciativa y defender los derechos y garantías que corresponden a los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial”.
Quedó confirmada una sentencia civil contra la diputada Liliana Salinas
La Justicia ratificó una resolución que ordena el pago de una deuda por alquileres acumulados durante varios años. La obligación alcanza también a los garantes del contrato.
NOTICIA PUBLICADA EL 30 de mayo de 2026
QUEDÓ CONFIRMADA UNA SENTENCIA CIVIL CONTRA LA DIPUTADA LILIANA SALINAS
La Justicia entrerriana dejó firme una condena civil contra la diputada provincial Gladys Liliana Salinas en una causa vinculada al incumplimiento de un contrato de alquiler que se extendió durante varios años.
La resolución ratifica la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado Civil y Comercial N° 4 de Concordia, a cargo del juez Jorge Ignacio Ponce, y establece la obligación de desalojar el inmueble involucrado, además del pago de una deuda acumulada por alquileres impagos.
El expediente determina que Salinas, junto con los garantes solidarios del contrato, deberá afrontar el pago de una suma superior a los 2,1 millones de pesos, monto al que deberán agregarse intereses y demás conceptos derivados de la ejecución de la sentencia.
Según surge de las actuaciones judiciales, la deuda corresponde a más de 35 meses de alquileres impagos acumulados entre 2022 y 2024. El fallo también dispuso que las costas del proceso sean afrontadas por los demandados.
La propiedad objeto del litigio está ubicada sobre calle Laprida de Concordia y pertenece a Francisco Ramón Iriarte, quien promovió la demanda luego de varios intentos fallidos por regularizar la situación contractual.
El caso generó repercusiones debido a que la condena alcanza también a los fiadores que respaldaron el contrato. Ambos son trabajadores de ingresos modestos y, al quedar firme la sentencia, podrían verse alcanzados por medidas patrimoniales destinadas a garantizar el cobro de la deuda.
Un antecedente que volvió a generar cuestionamientos
La situación judicial reavivó además cuestionamientos que acompañaron la trayectoria pública de la legisladora en los últimos años.
Salinas ha protagonizado diversos enfrentamientos políticos, cambios de posicionamiento partidario y controversias públicas que generaron debate tanto dentro como fuera de la Legislatura provincial.
En esta oportunidad, sin embargo, el eje del cuestionamiento no se centra en diferencias políticas sino en el incumplimiento de obligaciones contractuales que terminaron afectando a un propietario particular y a los garantes que respaldaron la operación.
El caso adquiere una dimensión adicional debido a que el dueño del inmueble es un jubilado que utilizaba el alquiler como complemento de sus ingresos, mientras que los garantes son empleados públicos cuyos salarios podrían quedar comprometidos por la ejecución de la sentencia.
Con la resolución ya firme, el expediente ingresa ahora en una nueva etapa orientada al cumplimiento efectivo de las obligaciones económicas establecidas por la Justicia.
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