“Es algo inesperado”, evaluó José María Segura, secretario general de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) al ser consultado por el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7 respecto del proyecto de las diputadas Liliana Salinas (Partido Conservador Popular) y Noelia Taborda (Juntos) por el que se pretende derogar la Ley de Enganche Salarial de los judiciales.
“Esperamos que este proyecto no prospere -señaló-. Me parece que seguir atacando a los trabajadores públicos no tiene sentido. No sé cuál sería el objetivo del Gobierno en esto, porque va a generar un conflicto con todo el Poder Judicial. Además, porque esta Ley de Enganche, está basada en el principio de independencia del Poder Judicial: permite que las actualizaciones salariales se hagan de forma independiente de una negociación con el Gobierno, que, generalmente, condiciona las posiciones de la justicia”.
Segura entendió que la iniciativa de Salinas y Taborda “es un proyecto que no tiene mucho sentido. La justificación de que la Provincia no puede quedar sujeta a un aumento determinado afuera no es justificativo. Esta ley rige desde 2011 y ha funcionado con absoluta normalidad, sin dificultad. Me parece que es importante que el Gobierno tome nota: es una ley que defiende todo el Poder Judicial. Me parece que es innecesario generar un conflicto”.
Dos diputadas de bloques distintos de la Cámara de Diputados ingresaron este martes un proyecto de ley que propone derogar el artículo de la Ley Nº 10.068, conocida como Ley de Enganche, que determina que los sueldos del Poder Judicial de Entre Ríos queden automáticamente ligado a los aumentos que disponga la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).La autora del proyecto es la diputada del bloque unipersonal del Partido Conservador Popular, Gladys Salinas, y la acompaña su par del bloque de la Alianza Juntos por Entre Ríos, Noelia Taborda. Se señaló que la propuesta “no impide que se otorguen aumentos al Poder Judicial, sino que procura que esas decisiones sean tomadas en Entre Ríos, de acuerdo con la realidad provincial y mediante la intervención de las autoridades responsables de administrar y controlar los recursos públicos”.
Las diputadas consideraron “necesario que la Legislatura recupere una intervención efectiva en todas aquellas decisiones que comprometan el presupuesto provincial. Solo de esa manera podremos garantizar una administración ordenada, responsable y transparente de los fondos que pertenecen a todos los entrerriano”.
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