El Gobierno presenta un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo en el ámbito de la administración pública. Así sucede en un contexto de fuerte demonización del empleo estatal, caída de puestos de trabajo y deterioro del poder adquisitivo del salario. La importancia de despejar la paja del trigo en tiempos en que “más estatales” solo querría decir “más impuestos”.
Los trabajadores del Estado lo miran por televisión. Alguno hasta puede suscribir lo que se dice, en un proceso de adormecimiento del amor propio. El presidente Javier Milei reconoce y defiende el empobrecimiento sostenido de estos empleados: “¿Alguno de ustedes está en contra de que caigan los salarios del sector público? ¡Vamos! Si son menos impuestos. ¡Menos hipocresía!”.
Así habla Milei en el Council of the Americas, que tuvo lugar en Buenos Aires el 20 de agosto. Pide menos hipocresía a los empresarios y funcionarios presentes en el evento que se realiza desde 1963 cuando David Rockefeller lo puso en marcha como Grupo Empresarial para América Latina. En esta edición, cada miembro del público pagó 170 dólares para ser parte del evento.
Menos hipocresía. Más baratos los salarios de estatales, docentes, policías, trabajadores municipales sería igual a menos impuestos. Blanco sobre negro. Así, sin vueltas, dicha a boca de jarro, la fenomenal transferencia de recursos de los trabajadores a los empresarios. Menos impuestos, de todos los tipos. Todos, menos el IVA que va en el ticket junto al precio del pan.
De un tiempo a esta parte, también para el gobernador Rogelio Frigerio se asocia, sin más, menos empleo público con menos impuestos. Lo dejó en claro en la apertura del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), el 30 de julio pasado, cuando fustigó a “la política” que pondría en primer lugar “los cargos, la militancia, los contratos”.
Unos días más tarde, el 11 de agosto, expuso la misma línea argumental, en el encuentro “Democracia y Desarrollo” del grupo Clarín: “Yo pago 120.000 sueldos y más unas casi 80.000 jubilaciones. Estoy haciendo un plan para que en el tiempo eso se vaya achicando”, explicitó Frigerio en línea con argumentos similares de los gobernadores con los que compartió panel. Ató su plan al objetivo de “bajar los impuestos más rápido”.
Menos estatales
El Consejo Empresario, cada tanto, difunde los resultados de su monitoreo de la realidad del empleo en la provincia. Los últimos registros, dan cuenta de que Milei -y también Frigerio- están cumpliendo con la premisa de “bajar el gasto improductivo”, lo que promete devenir en baja de impuestos a los sectores de los que se espera inversión y trabajo “genuino”.
En mayo pasado, se hizo saber en la habitual rueda de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier, que sólo en mayo se habían eliminado más de 3 mil puestos de trabajo en el Estado nacional. El dato se completaba con el informe de todo el período de Milei: se produjeron 71 mil despidos de trabajadores estatales nacionales desde diciembre de 2023.
En Entre Ríos, la evolución marcada por el monitoreo del CEER muestra la siguiente evolución que, en principio, no deriva en la fórmula “menos estatales”, más fuentes de trabajo en el sector privado:
2022- 2023. Último tramo de la gestión del peronismo (junio a junio)
Empleo público: 1.061 empleados más
Empleo privado: 4.411 empleados más
2023- 2024. (junio a junio)
Empleo público. 1.295 estatales menos
Empleo privado. 5.197 empleados menos.
2024- 2025. (septiembre a septiembre)
Empleo público. 314 empleados menos
Empleo privado. 436 trabajadores menos
Último registro. 2025- 2026 (marzo a marzo)
Empleo público. 1.143 estatales menos
Empleo privado. 1.365 empleados menos
Al analizar la composición de la planta, tanto la permanente, como la del personal suplente se registraron caídas interanuales del 1,2% (-828 agentes) y del 5,7% (-564 agentes), respectivamente. Por su parte, la planta transitoria presentó un incremento interanual del 3,2% (+249 agentes).
Por escalafón. Los escalafones docentes y general fueron los más representativos dentro del sector público provincial, con participaciones del 39% y 29%, respectivamente, se evidenció que ambos registraron variaciones negativas en torno al 2% interanual, lo que equivale a 661 agentes menos en el escalafón docentes, y 507 menos en el general.
Les sigue el escalafón seguridad, con una participación del 13% y con una caída del 0,2%, equivalente a 29 empleados menos; el escalafón de salud, con una variación positiva del 0,8%, lo que representa 78 empleados adicionales; en el de justicia se evidenció un incremento del 1,9%, equivalente a 55 empleados más; y en el escalafón vial se registró una disminución del 3,9%, es decir, 67 empleados menos.
Las políticas públicas en marcha, en materia de empleo público, están puestas sobre la mesa. No aparecen disidencias, al respecto, por parte de las fuerzas políticas de la oposición, con representación parlamentaria.
No hay voces que desentonen con el criterio según el cual menos trabajadores del sector público sería una buena noticia. Además, en el debate de la reforma previsional se puso de manifiesto en los argumentos según los cuales la planta de activos seguirá reduciéndose, profundizando la situación deficitaria de la Caja de Jubilaciones. La certeza de que la evolución de la Inteligencia Artificial profundizará este fenómeno fue esgrimida como verdad irrefutable por todas las voces. En ningún caso, devino de esta verdad un debate respecto del impacto de la caída sistemática de puestos de trabajo merced a este proceso que se interpreta como imparable e incontrolable.
Esta realidad atraviesa la discusión necesaria en el ámbito del nuevo Convenio Colectivo de Trabajo, que presentó el Gobierno de Entre Ríos junto a solo uno de los sindicatos del sector, UPCN. En principio, se sabe que se ha decidido poner en primer plano la instancia de capacitación como requisito para dar pasos en la carrera administrativa.
Aun así, hay una serie de manifestaciones sociales, políticas y económicas que son ineludibles para el trabajador del sector público, desde la descalificación del empleo en el Estado, sin distingos de funciones ni montos salariales; hasta la promesa cotidiana de la dirigencia política de minimizar “el gasto improductivo” en los salarios de quienes tienen por función garantizar derechos en salud, educación, seguridad, justicia.
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