La movilización social, en la calle y en las redes sociales, cambió todo para Javier Milei en las últimas 48 horas. Se le dieron vuelta varios votos y el Gobierno ya da por caída la ley para regalar el país a los extranjeros.
Javier Milei está perdiendo contra la Argentina. No contra la Selección sino contra una mayoría abrumadora del país que salió a manifestarse en contra de la Ley de Tierras. La movilización social, en la calle y en las redes sociales, cambió todo para los libertarios en las últimas 48 horas. Se le dieron vuelta varios votos y el Gobierno dio por caído el capítulo de la ley para regalar el país a los extranjeros. Retiraron el famoso “capítulo 3” y La Libertad Avanza irá con el resto del proyecto al recinto. Fue confirmado por Patricia Bullrich a la salida de reunión con aliados.
En Rosada igualmente temen ir a perder para sacar la ley en general o no llegar al quórum y hacer que se caiga la sesión. Son los caminos que miran en la Casa Rosada. En el medio, Victoria Villarruel le hizo una maldad más a Milei: convocó a la sesión de mañana.
El panorama para el Gobierno es el peor. Intentará ensuciar el debate previo para los votos virtuales que solicitaron los dos senadores. Patricia Bullrich afirmó que se necesitan dos tercios para tratar el tema. El peronismo dice que se necesita solo la mitad más uno.
Un pejotista explicó ante El Destape: “Villarruel sacó un decreto basado en lo que firmó Cristina Kirchner para las sesiones virtuales. La idea central es que es un debate de los senadores y ella no puede impedir que se reúnan, en este caso, por situaciones de salud. No necesita sumarse al temario, como las renuncias de senadores, licencias y demás cuestiones porque hace a la organización del cuerpo. Se trata y punto. La mayoría que hace falta es mitad más uno, igual que en 2020”. Y le responde a Bullrich: “No es un proyecto de ley o de declaración, donde sí se necesitan dos tercios. Esto es un trámite administrativo de refrendar un decreto de la presidenta de la cámara”.
Se buscan los responsables
En el Gobierno vuelan las acusaciones por el fracaso venidero del Gobierno. Unos culpan a Federico Sturzenegger por impulsar una ley incómoda. “Fue demasiado a fondo en un tema que no todos estaban dispuestos a acompañar”, dijo un funcionario ante El Destape.
Otros creen que se intentará culpar a Bullrich. “Ella va a intentar un milagro hasta el final, no se va a rendir rápido. Va a intentar hasta las últimas. Con el timing en su contra, con los acuerdos políticos en su contra y encima la van a querer culpar si perdemos”, afirmó una oficialista a El Destape.
Y también hay ruido para con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. En el Gobierno algunos recuerdan que la Ley de Tierras se podría haber aprobado el 4 de junio. Ese día además se iban a tratar en el Senado los pliegos de varios jueces. Pero la oposición protestó porque se incluía sorpresivamente el pliego del hijo del cortesano Horacio Rosatti. “Los senadores opositores ese día eligieron que se comían una sola piña: meter por la ventana al hijo del presidente de la Corte Suprema o aprobar la ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada que incluía el capítulo de las tierras”, contó una fuente a El Destape.
Ese día, entonces, se aprobó el pliego de Emilio Rosatti y quedó afuera la Ley de Tierras. Quienes estaban presentes cuentan que Bullrich ese día tenía los votos. “Justos pero los tenía”, relatan en LLA. No pudo ser. Quien fue a fondo con esa decisión y logró esa negociación de dejar afuera el proyecto de ley de tierras ese día fue Anabel Fernández Sagasti, la senadora mendocina que responde a Cristina Kirchner que está tratando de votar de manera virtual mañana por cursar un embarazo de riesgo.
Plan B
Con este escenario, el mejor panorama que ve el Gobierno hoy es aprobar en general la ley, tras la caída del capítulo 3 con la Ley de Tierras. Aunque en Casa Rosada saben que tal vez se queden sin nada.
A saber: esta semana, La Libertad Avanza aceptó incluir un tope del 25% a la cantidad de tierras que pueden estar en manos extranjeras tanto a nivel nacional como en cada provincia. Así moderó la redacción previa del proyecto, que no establecía ninguna cifra máxima.
Este nuevo número de 25% implica una flexibilización respecto a la ley actual de 2011, que determina que este tope de tierras rurales bajo propiedad de individuos o empresas extranjeras debe ser de un 15%, tanto a nivel nacional como por provincia y departamento.
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