El Estado deberá avanzar con la asignación de las partidas correspondientes mientras el expediente continúa su trámite judicial y se espera una sentencia definitiva sobre el fondo del conflicto.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó este martes la vigencia de la medida cautelar dictada a favor de las universidades públicas y dejó sin efecto la suspensión que impedía su ejecución. De esta manera, el Gobierno nacional deberá disponer las partidas necesarias para actualizar los salarios docentes y no docentes y recomponer los fondos destinados a becas y programas estudiantiles.
La decisión se produjo luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el recurso extraordinario presentado por el Estado nacional contra la cautelar. Con ese pronunciamiento, la Cámara consideró que perdió vigencia el fundamento que había motivado la suspensión de la medida.
La Sala III declaró abstracto el recurso de apelación presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra aquella suspensión y devolvió el expediente al juzgado de primera instancia para que avance con la ejecución plena de la resolución.
De este modo, la medida cautelar no podrá volver a ser suspendida mientras continúa la discusión judicial sobre el fondo de la causa.
El conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario
La controversia se originó a partir del Decreto 759/25, mediante el cual el Gobierno nacional condicionó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso durante 2025.
La norma había sido vetada por el Poder Ejecutivo, aunque posteriormente fue ratificada por ambas cámaras legislativas. La ley establece mecanismos de actualización salarial para docentes y no docentes, además de la recomposición de becas y programas destinados a estudiantes, entre ellos el Progresar.
Ante las demoras en la aplicación de esos artículos, el Consejo Interuniversitario Nacional, junto con gremios docentes, presentó un amparo colectivo y solicitó una medida cautelar para garantizar el cumplimiento de la normativa.
La Corte Suprema dejó firme la cautelar
En junio, la Corte Suprema rechazó el recurso presentado por el Ejecutivo y dejó firme la cautelar que obliga al Gobierno a aplicar dos artículos de la Ley 27.795 vinculados con la actualización de los salarios universitarios y el financiamiento de becas y programas académicos.
La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, en el marco de la causa iniciada por el CIN contra el Decreto 759/25.
Con el rechazo del planteo del Estado, quedó habilitada la ejecución de la medida cautelar mientras la Justicia continúa analizando la cuestión de fondo.
El acuerdo de fondos con las universidades
El pronunciamiento judicial se conoció semanas después de que el Gobierno nacional acordara una transferencia de recursos para las universidades.
Según lo anunciado, la propuesta contemplaba un incremento del 24,33% en los salarios, una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento y la ampliación de las partidas destinadas a hospitales universitarios hasta los $50.000 millones.
Desde la comunidad universitaria señalaron que el acuerdo implicaba elevar el presupuesto destinado al sector del 0,5% al 0,6% del Producto Bruto Interno. Sin embargo, la Ley de Financiamiento Universitario establece un objetivo de financiamiento equivalente al 0,75% del PBI.
Con la medida cautelar nuevamente en plena vigencia, el Estado deberá avanzar con la asignación de las partidas correspondientes mientras el expediente continúa su trámite judicial y se espera una sentencia definitiva sobre el fondo del conflicto.
#rionegro #federalaldia #radiointegracion905
