Las obras de Vialidad Nacional en Entre Ríos y en todo el país están paralizadas debido a la falta de pago a empresas contratistas desde el año anterior y a la desfinanciación general del organismo. Esta situación afecta tanto la ejecución de obras como al mantenimiento de la infraestructura vial. Una denuncia penal involucra a Caputo, Sturzenegger y Adorni, entre otros funcionarios.
La cuenta bancaria del organismo “está embargada por deudas impagas”, lo que impide la reparación de vehículos y la continuidad operativa, contó Raúl Meza, secretario general del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional de la provincia de Entre Ríos, en declaraciones al programa Buen Día, que conducen Carlos Matteoda, Alejandro Abero y Marta Segovia por Radio Costa Paraná (88.1).
Denuncia penal
En este marco, la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional presentó una denuncia penal ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°7 contra altos funcionarios del Gobierno nacional, incluidos los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger, y el jefe de Gabinete. Manuel Adorni, por el desvío de fondos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos. Por la Ley 23.966, el 28,58% de lo recaudado debe destinarse al fideicomiso de infraestructura de transporte para la red vial federal. Sin embargo, aproximadamente 400.000 millones de pesos asignados para el mantenimiento y reparación de rutas nacionales no han sido utilizados para ese fin, lo que ha provocado “el deterioro de las rutas y el aislamiento de pueblos”.
Impacto en los trabajadores
Los trabajadores de Vialidad Nacional, remarcó Meza, llevan casi dos años sin recibir aumentos salariales significativos; el último fue del 9,11%. Los sueldos básicos oscilan entre 450.000 y 900.000 pesos, con la mayoría de los ingresos compuestos por adicionales. “Se implementó un plan de retiro voluntario hace dos meses, al que se acogieron 610 empleados, en un contexto de desvalorización y ninguneo por parte del Gobierno nacional hacia el organismo y sus profesionales”, enfatizó.
Estado de las rutas
El 60% o más de las rutas nacionales se encuentra en mal estado por falta de inversión mínima para su transitabilidad. Inicialmente, “las denuncias sobre la desinversión eran impulsadas por los trabajadores, pero actualmente la sociedad en general reconoce y señala a los responsables políticos”, opinó Meza, porque “la falta de inversión es evidente y afecta directamente a los usuarios”.
Meza, además, consideró que “la supuesta inversión privada en rutas es en realidad financiada con fondos públicos”.
El Ministerio de Economía otorgó a las empresas adjudicatarias créditos millonarios a una tasa preferencial del 2% anual, con dos años de gracia antes de empezar a pagar. Las empresas iniciaron actividades y cobraron peajes desde el primer día, pero el capital inicial provino del Estado, desmintiendo la existencia de inversión privada genuina.
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