Hay fechas que se celebran y fechas que se defienden. El 7 de junio, Día del Periodista en Argentina, pertenece cada vez más a la segunda categoría.
La efeméride recuerda la aparición de La Gazeta de Buenos Ayres en 1810, el primer periódico del Río de la Plata, nacido con el propósito explícito de que “los pueblos no sean engañados”. Más de dos siglos después, ese propósito sigue siendo una disputa abierta. Porque informar con verdad no es solo un oficio: es un acto político en el sentido más profundo del término.
La democratización de la información no significa que todos los medios sean iguales ni que cualquier voz tenga el mismo valor epistémico. Significa que ningún ciudadano debería quedar excluido del acceso a datos verificados, contextualizados y plurales. Significa que la concentración mediática es una amenaza tan real como la censura directa. Y significa que el periodismo de calidad —ese que investiga, contrasta, explica y rinde cuentas— no puede ser un privilegio de quienes pueden pagarlo.
En el escenario actual, las redes sociales han acelerado tanto la circulación de información como la de desinformación. Las fake news no son solo errores: muchas veces son estrategias deliberadas para confundir, para neutralizar la indignación ciudadana, para hacer equivalentes la mentira y la verdad. Frente a ese escenario, el periodismo profesional —con sus métodos, sus fuentes, su verificación— es una de las pocas instituciones que puede oponer resistencia. No la única, pero sí una imprescindible.
Las libertades no se recortan en silencio
El gobierno de Javier Milei llegó al poder con un discurso que ubicaba a “la casta” como enemigo central. Con el tiempo, ese concepto elástico fue estirándose hasta incluir a los periodistas críticos, a los medios que no acompañan el relato oficial y a cualquier voz que ose cuestionar la gestión.
No se trata solo de declaraciones agresivas en redes sociales, aunque eso también cuenta y sienta precedente. Se trata de decisiones concretas: el desfinanciamiento sistemático de medios públicos, los recortes a la agencia Télam, que fue vaciada y reconvertida con la impronta del poder de turno, la presión sobre organismos de radiodifusión, y una retórica presidencial que señala a periodistas por nombre y apellido, alimentando el hostigamiento digital. Cuando el Estado usa su poder para disciplinar voces críticas, no está ejerciendo la libertad de expresión: está erosionando la de los demás.
Este fenómeno no es exclusivo del nivel nacional. En Entre Ríos y en municipios de la provincia, se reproducen lógicas similares a escala local: funcionarios que evitan la conferencia de prensa, que canalizan la comunicación exclusivamente por redes propias, que niegan información pública bajo argumentos administrativos o simplemente por costumbre. La opacidad no siempre tiene nombre de decreto: a veces es silencio, demora o puerta cerrada.
Entre Ríos necesita una Ley de Medios
El escenario provincial vuelve urgente una deuda histórica: Entre Ríos carece de una legislación específica que proteja a los medios de comunicación locales y a los trabajadores de prensa. Mientras los grandes grupos concentran pauta publicitaria oficial y acceso institucional, los medios independientes y del interior de la provincia sobreviven en condiciones de extrema precariedad, sin marcos normativos que garanticen ni su sustentabilidad ni los derechos laborales de quienes trabajan en ellos.
Una Ley de Medios provincial no es una aspiración corporativa: es una herramienta de política pública para garantizar el pluralismo informativo que toda democracia necesita. Debería contemplar la distribución equitativa y transparente de la pauta oficial, hoy manejada con criterios discrecionales que premia a los afines y castiga a los críticos, el reconocimiento de los medios comunitarios y alternativos, condiciones laborales dignas para periodistas y técnicos, y mecanismos de acceso a la información pública que tengan dientes reales. La Legislatura entrerriana tiene la posibilidad y la responsabilidad de dar ese debate. Cada año que pasa sin esa ley es un año más en que el mapa mediático de la provincia lo dibuja el poder, no la sociedad.
Informar es resistir
El periodismo no es ni debe ser un actor neutral en este debate. Neutralidad no es objetividad: la objetividad implica rigor y verificación; la neutralidad, en cambio, puede ser complicidad con el poder cuando el poder miente. Un periodista que “equilibra” entre una verdad documentada y una falsedad instalada no está siendo imparcial: está siendo funcional a la desinformación.
Por eso, en este 7 de junio, la celebración tiene que ir acompañada de un compromiso concreto: sostener la independencia editorial frente a presiones económicas y políticas, defender el acceso a las fuentes y a la información pública como derecho y no como favor, y proteger a los colegas que son blanco de estigmatización por hacer su trabajo.
El periodismo no salva democracias por sí solo. Pero sin periodismo, las democracias se mueren más rápido y más calladas.
Renzo Righelato, director periodístico de AIM.
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