A 48 horas hábiles de su promulgación, el oficialismo en Diputados busca modificar un artículo clave de la ley de concesiones de la provincia.
Apenas dos días hábiles después de que el Gobierno provincial promulgara el nuevo Régimen General de Concesiones, una iniciativa presentada por el bloque oficialista en la Cámara de Diputados abrió una fuerte controversia política en Entre Ríos. El proyecto propone modificar el artículo 5° de la Ley Nº 11.280, sancionada recientemente, y desató cuestionamientos de la oposición, que interpreta la reforma como un paso destinado a habilitar futuras privatizaciones de áreas consideradas estratégicas del Estado.
LA INICIATIVA INGRESÓ EL LUNES 1° DE JUNIO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y LLEVA LA FIRMA DE LA LEGISLADORA MARÍA NOELIA TABORDA, acompañada por la amplia mayoría del bloque de Juntos por Entre Ríos. El texto busca introducir cambios en uno de los artículos centrales de la flamante norma que regula el régimen de concesiones provinciales.
La polémica encuentra su origen en la velocidad del proceso. La Ley Nº 11.280 fue promulgada el 27 de mayo y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia en esa fecha. Por ello, desde los bloques opositores no tardaron en manifestar su sorpresa.
“Que una ley recién promulgada necesite ser modificada dos días hábiles después y precisamente en uno de sus artículos más sensibles resulta, como mínimo, sospechoso”, señalaron legisladores opositores al conocerse el contenido del proyecto.
El debate sobre los límites de las concesiones
El oficialismo sostiene que la modificación persigue exactamente el objetivo contrario al que le atribuyen sus críticos. Según la fundamentación del proyecto, la intención es reforzar las garantías institucionales para que áreas esenciales del Estado continúen bajo control público aun cuando existan esquemas de concesión.
La reforma incorpora una cláusula específica que establece que cualquier transferencia de titularidad deberá contar con autorización expresa de la Legislatura mediante una ley especial.
El nuevo texto propuesto dispone que, en toda modalidad de concesión de actividades y funciones esenciales propias o inherentes al Estado, la titularidad, la potestad regulatoria y la facultad de fiscalización permanecerán en manos estatales.
Desde el oficialismo interpretan esta redacción como un “cerrojo jurídico” destinado a impedir procesos de privatización absoluta y garantizar que el Estado conserve las facultades de conducción, control y regulación sobre los servicios esenciales.
Sin embargo, esa misma redacción es la que genera preocupación en sectores opositores.
La advertencia de la oposición
Uno de los cuestionamientos más contundentes llegó desde el diputado nacional Guillermo Michel, quien utilizó sus redes sociales para advertir que la reforma podría tener consecuencias muy diferentes a las expresadas por sus impulsores.
Según Michel, el artículo actualmente vigente excluye de manera expresa la posibilidad de concesionar, privatizar o transferir a terceros funciones vinculadas con la Salud, la Educación, la Justicia y la Seguridad.
A su entender, la nueva redacción elimina esa prohibición explícita y la reemplaza por una fórmula que, si bien mantiene en cabeza del Estado la titularidad y las facultades regulatorias, habilitaría la gestión privada de esas actividades.
“Con esa modificación dispone que la titularidad o potestad regulatoria y de fiscalización se mantenga en cabeza del Estado, pero de manera expresa habilita la concesión de actividades o funciones esenciales”, sostuvo Michel.
La diferencia jurídica parece sutil, pero para los críticos del proyecto constituye el núcleo de la discusión. Mientras el texto original impediría cualquier concesión de determinados servicios esenciales, la nueva redacción permitiría que esos servicios fueran gestionados por terceros bajo supervisión estatal.
El ejemplo del Hospital de La Baxada
Para ilustrar su postura, Michel citó el caso del Hospital de La Baxada de Paraná, actualmente administrado por Salud Entre Ríos Sociedad del Estado, una estructura creada por la provincia para gestionar ese establecimiento sanitario.
Según el diputado nacional, la eventual aprobación de la reforma abriría la puerta para que la administración de ese hospital pudiera ser concesionada a operadores privados, aun cuando la propiedad y el poder regulatorio permanecieran bajo control estatal.
“Hoy lo gestiona la provincia. Con esta ley podrá privatizar la gestión del hospital en una clínica privada”, advirtió.
Michel además vinculó la discusión con otros debates recientes sobre la administración de organismos y empresas públicas provinciales, y señaló que la modificación podría convertirse en una herramienta para profundizar procesos de delegación de servicios estatales.
Una discusión que recién comienza
Más allá de las interpretaciones contrapuestas, el proyecto puso en evidencia una tensión política que probablemente acompañe buena parte de la agenda legislativa provincial durante los próximos meses: el alcance que debe tener la participación privada en la prestación de servicios públicos y cuáles son los límites que el Estado debe preservar en áreas consideradas estratégicas.
La discusión no gira únicamente en torno a una cuestión técnica de redacción legislativa. Detrás de cada párrafo del artículo 5° se enfrentan dos visiones sobre el rol del Estado. Mientras el oficialismo argumenta que busca establecer mecanismos más precisos para garantizar el control público de los servicios esenciales, la oposición sospecha que la nueva redacción elimina barreras que hasta ahora impedían la concesión de sectores sensibles como la Salud, la Educación, la Seguridad y la Justicia.
Con la iniciativa ya ingresada formalmente a la Cámara de Diputados, el debate recién comienza. Pero la velocidad con la que se pretende modificar una ley promulgada hace apenas dos días hábiles ya logró instalar una pregunta incómoda en el escenario político entrerriano: ¿se trata de una corrección técnica para reforzar garantías institucionales o del primer paso para ampliar el margen de concesiones sobre funciones esenciales del Estado? Esa será, seguramente, la discusión que dominará el tratamiento parlamentario de las próximas semanas.
#AnalisisDigital #federalaldia #radiointegracion905
