Oscar Muntes detalló los puntos que generan gran preocupación al gremio más combativo de los trabajadores estatales de la provincia.
Ante el proyecto de reforma previsional que plantea el gobierno provincial, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes, explicitó la postura del gremio.
Al respecto, planteó que “sobre el análisis de los principales vectores que se irán a tener en cuenta en la reforma que impulsa el Ejecutivo provincial, ATE sostiene que el déficit no es culpa de los trabajadores y que el Estado podría resolver el financiamiento recurriendo a los sectores que generan más ganancias”.
En este sentido, señaló que “antes que discutir el sistema previsional aisladamente, sin un análisis real del contexto económico provincial, sobre el que está integrada la Caja de Jubilaciones, es imposible llegar a criterios razonables y justos que prioricen una jubilación justa para una vida digna”.
Respecto del proyecto presentado, el Sindicato analizó “con preocupación” los siguientes puntos:
– Vacían el 82% móvil. Se amplía la base de cálculo a 30 años y reemplazan la movilidad por cargo por una movilidad por índice. Es decir que pagarán menos y se despega del salario del activo.
– Base de cálculo de 30 años. Para quien se jubile, el Estado tendrá que reconstruir 30 años completos de servicios y remuneraciones, lo que traerá más complejidad, más errores, más conflictos y más litigiosidad.
– Bajan la jubilación por invalidez. Se reduce la tasa de sustitución al 50% o 70% y, sobre esto, se obliga a seguir aportando. Lo que implica que, si la invalidez imposibilita desarrollar actividades laborales, igual se obliga a aportar.
– Se pretende recaudar incluso en la desgracia. Se pretende seguir cobrando aportes en casos de pensión e incapacidad. Así, en los hechos, los hijos quedarían como deudores de los aportes de sus padres.
– Eliminación del régimen diferencial de Vialidad. Se suprime un régimen que reconocía tareas con condiciones especiales.
– Recortan el régimen docente. Se elimina el cómputo diferenciado de servicios docentes, cuando no se alcanzan 25 años al frente directo de alumnos.
– A los docentes les cambian la meta cuando ya están en carrera. Si no se tiene 25 años al frente directo de alumnos, se empuja al régimen general: 60 años de edad y 35 años de servicios.
– Topes a las jubilaciones más altas. Se habilitan límites “transitorios”, fijados después por el Poder Ejecutivo, sobre haberes superiores. Es decir, el tope no lo dicta la ley.
En este marco, desde el gremio estatal se planteó que “estos son algunos de los aspectos que implican un grave ajuste sobre los trabajadores y trabajadoras. ATE rechaza firmemente cualquier reforma retrógrada que implique pérdida de derechos y ajustes sobre el bolsillo del trabajador activo y pasivo”.
Por último, reclamaron: “Que no nos pase con la Caja lo que nos pasó con IOSPER”.
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