La organización ambientalista realizó una acción en las escalinatas del Congreso y las fuerzas de seguridad activaron el protocolo antipiquetes. El Senado vota modificaciones legislativas que ponen en riesgo las reservas hídricas del país.
La zona del Congreso volvió a ser escenario de una jornada de violencia institucional. Lo que comenzó como una intervención pacífica de activistas de Greenpeace para alertar sobre el retroceso en la protección de los ecosistemas de montaña, terminó con una intervención policial desproporcionada que no distinguió entre manifestantes, transeúntes y trabajadores de prensa que cubrían el evento.
La protesta se centraba en el rechazo a las reformas de la Ley de Glaciares, que sectores ambientalistas denuncian como un traje a medida para la expansión de proyectos mineros en áreas protegidas. Sin embargo, el debate ambiental quedó eclipsado por el despliegue de las fuerzas de seguridad.
La Infantería y efectivos policiales avanzaron sobre las escalinatas del Palacio Legislativo poco después de que los activistas desplegaran pancartas con la consigna “Los glaciares no se tocan”. También realizaron una acción en las escalinatas del Congreso con inodoros y la frase: “Senadores no se caguen en el agua”.
Las fuerzas de seguridad aplicó con rigurosidad el protocolo antipiquete y activó una cacería contra los miembros de la organización ambientalista pero también contra trabajadores de prensa que se encontraban identificados cubriendo la manifestación. Hubo 12 ambientalistas detenidos y un camarógrafo del canal A24 que estaba transmitiendo.
Los registros audiovisuales muestran el uso de gas pimienta y agresiones físicas en un perímetro donde la tensión escaló ante la resistencia pasiva de quienes buscaban visibilizar el reclamo ecológico.
Glaciares: un recurso en la mira
El conflicto de fondo es la reforma de la Ley de Glaciares (Ley 26.639) que el Senado vota hoy. La nueva legislación busca redefinir qué se entiende por “zona periglaciar”, lo que en la práctica liberaría vastas áreas de la Cordillera de los Andes para la explotación minera a cielo abierto.
Para Greenpeace y otras organizaciones de la sociedad civil, esto representa una “sentencia de muerte” para las fuentes de agua dulce en un contexto de crisis climática global.
“Reprimir a quienes defienden el agua es la respuesta de un Estado que prioriza el extractivismo sobre la seguridad ambiental de las futuras generaciones”, señalaron desde la organización tras las detenciones.
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