“Se prometió transparencia, pero se cuestiona al que controla; se habló de orden institucional, pero se presiona al que informa; se proclamó el fin de la opacidad, pero se responde con descalificación cuando los datos resultan incómodos”. Lo afirmó el senador provincial Víctor Sanzberro al responder los cuestionamientos de las autoridades del OSER al informe del síndico fiscalizador sobre el funcionamiento de la obra social.
El legislador remarcó que los datos difundidos “son contundentes: pérdidas por 25 mil millones de pesos, un pasivo de 56,8 mil millones, opacidad en convenios y compras y demoras sistemáticas en la provisión de información”. En ese sentido, sostuvo que la respuesta oficial, basada en supuestas “inconsistencias técnicas y temporales” sin documentación respaldatoria, “no es una refutación: es una evasión”.
Sanzberro recordó que la intervención del IOSPER y la posterior creación de la OSER fueron justificadas con promesas de transparencia absoluta, fin de la corrupción y orden financiero. Sin embargo, advirtió que el informe del síndico designado para ejercer control institucional que fue presentado al Senado en cumplimiento de la normativa vigente, “muestra lo contrario: resistencia al control, falta de información y deterioro patrimonial con impacto directo sobre los afiliados”.
“No se trata de interpretaciones ni de debates técnicos. Se trata de datos públicos que surgen de los propios estados contables del organismo y de expedientes administrativos sin respuesta; es decir, información oficial que no ha sido desmentida con evidencia verificable”, subrayó el legislador del PJ.
Asimismo, calificó como “institucionalmente preocupante” la amenaza pública del vicepresidente de la obra social contra el síndico. “Atacar al órgano de fiscalización con advertencias de investigación y sumarios cuando expone irregularidades no es transparencia ni defensa de la gestión: es autoritarismo”, afirmó.
Finalmente, el senador victoriense advirtió que el deterioro de las prestaciones “resulta cada vez más evidente” y que los empleados, jubilados, docentes, personal policial y trabajadores de la salud de Entre Ríos “son quienes pagan las consecuencias directas, especialmente en un contexto de crisis económica y pérdida sostenida del poder adquisitivo que agrava aún más el impacto sobre el acceso a la salud”.
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