Efectivos de la Policía de Entre Ríos anunciaron la realización de una manifestación pacífica prevista para el 14 de marzo de 2026, con una convocatoria que tendrá lugar a las 17 horas en la plaza ubicada frente a Casa de Gobierno, en la ciudad de Paraná. Según indicaron los organizadores, la protesta se realizará sin uniformes, sin armamento y sin afectar el servicio, con la participación de personal de franco, familiares y público en general.
La consigna que acompaña la convocatoria resume el doble eje del reclamo: “En memoria de los que ya no están y por condiciones dignas de trabajo para quienes siguen cuidando de todos”. Desde los espacios que impulsan la movilización subrayaron que se trata de una manifestación pacífica y simbólica, orientada a visibilizar la situación laboral del personal policial y a rendir homenaje a efectivos fallecidos en cumplimiento del deber.
Los convocantes a la movilización del 14 de marzo hicieron hincapié en marcar distancia de cualquier medida que implique abandono de funciones, remarcando que el reclamo se expresará fuera del horario de servicio y sin poner en riesgo la seguridad pública. La expectativa está puesta ahora en la respuesta que pueda dar el gobierno provincial ante un planteo que, aseguran, busca abrir un canal de diálogo sobre las condiciones laborales dentro de la fuerza.
El anuncio se da en un contexto de especial sensibilidad a nivel regional, luego de las protestas protagonizadas por la Policía de Santa Fe, que derivaron en fuertes medidas disciplinarias. En esa provincia, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó esta semana al menos 20 pases a disponibilidad tras nuevas manifestaciones de efectivos, principalmente en Rosario.
Durante una conferencia de prensa, Cococcioni denunció situaciones de abandono de servicio y advirtió que algunas protestas habrían derivado en “acciones ilícitas y, en algunos casos, violentas”, destinadas —según sus palabras— a “golpear una política de seguridad exitosa”. Si bien reconoció que el reclamo policial puede ser “legítimo en el fondo”, sostuvo que existen intereses ajenos que habrían profundizado el conflicto, incluso vinculados a sectores desplazados de la fuerza y a causas de corrupción.
El funcionario santafesino también alertó sobre el riesgo que implicó el cese de actividades de al menos 20 unidades policiales, al señalar que, aunque no se afectó sustancialmente la seguridad, la situación “objetivamente eleva los niveles de riesgo” y podría derivar en responsabilidades penales si ocurriera un delito que no pudiera ser prevenido.
Fuente: con información de Diario Uno – Diario Junio
