La medida, impulsada por el Gobierno Nacional, traslada la responsabilidad de estas instancias de prevención de violencia de género a las provincias. Una referente del sector educativo advirtió a APFDigital que la decisión vulnera derechos de las infancias y juventudes, al dejar la implementación de estos espacios sujetos a la voluntad individual de cada jurisdicción o docente.
La docente de Geografía, integrante de la red de socorristas “Dora te escucha” y de la Asamblea Participativa de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans de Paraná, Belén Lescano, manifestó su profunda preocupación ante el nuevo escenario normativo que modifica la implementación de la Ley Nacional 27.234. Esta normativa, sancionada en 2015, establecía la obligatoriedad de realizar al menos una jornada anual de “Educar en Igualdad” en todos los niveles educativos para prevenir y erradicar la violencia de género.
Según explicó Lescano, el argumento del Ejecutivo Nacional es que ya no le corresponde al Estado garantizar estas instancias, delegando la facultad en las autoridades locales. “El derecho de las infancias y de las juventudes va a depender de si la Provincia o su jurisdicción quiere o no aplicar esta jornada y es una violación en materia de derechos humanos”, señaló la docente.
La escuela como espacio de detección y cuidado
Para la comunidad educativa, estas jornadas no representaban meros contenidos académicos, sino herramientas de protección. Lescano destacó que la escuela suele ser el único lugar donde muchos estudiantes logran identificar situaciones de abuso o violencia doméstica.
“La eliminación de la obligatoriedad de ‘Educar en Igualdad’ lo que hace es prácticamente invisibilizar la violencia. Esto no quiere decir que deje de existir; al contrario, se perpetúa y esto simplemente intenta minimizarla”, afirmó la docente a esta Agencia.
Asimismo, vinculó este retroceso con los ataques que viene sufriendo la Educación Sexual Integral (ESI): “A través de la ESI se pudieron identificar muchos casos de abuso intrafamiliar. Es a través de la misma en la que se ha podido intervenir y proteger a esa infancia o juventud”.
Desafíos en el aula y desinformación
La referente advirtió que, al quitarse el carácter obligatorio, la aplicación de estos contenidos quedará bajo la “ética y convicción” de cada profesional de la educación, lo que genera una desigualdad en el acceso a derechos según la institución o el docente que le toque a cada alumno.
“La violencia no se resuelve con el silencio, se previene con un Estado presente y con ESI en las aulas”, remarcó. Según su análisis, los jóvenes reciben un bombardeo de discursos que naturalizan la violencia, lo que vuelve indispensable el rol docente para “desarmar” esos contenidos.
Por otro lado, Lescano, quien también se desempeña como socorrista, observó un crecimiento en la desinformación respecto a derechos reproductivos y un retorno al “miedo a lo clandestino”.
Ante la consulta de esta Agencia sobre cuál considera que es el mensaje que el gobierno nacional envía a los estudiantes en este marco, la docente respondió: “Además del claro abandono, es la habilitación y la naturalización de la violencia”.
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