Junto al Centro de Estudios Sociales y Legales (Cels), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), presentó un reclamo a la Justicia para que el Ministerio de Capital Humano comience a relevar y a distribuir los alimentos que están acopiados hace meses. “La Justicia habilitó la feria para tratar el reclamo por los alimentos de los comedores y merenderos de todo el país”, informó la referente de Utep, Tamara Berales.
“Ya existen fallos judiciales previos que ordenaron al Estado dar respuestas pero, a pesar de eso, la situación se mantiene crítica”, afirmó Berales a esta Agencia.
Frente a este escenario, “el derecho a la alimentación no entra en receso. En un país atravesado por una crisis social profunda, donde millones de familias dependen cotidianamente de comedores y merenderos comunitarios para garantizar una comida diaria, la falta de entrega de alimentos por parte del Estado nacional no puede ser leída como un problema administrativo ni como una disputa judicial más. Se trata de una decisión política que tiene consecuencias concretas y dramáticas en la vida cotidiana de los sectores populares”.
Desde la organización social, consideraron que “la interrupción en la distribución de alimentos, sumada a la desarticulación de programas sociales y al vaciamiento de áreas sensibles del Estado, configura un escenario donde el derecho humano a la alimentación queda subordinado a una lógica de ajuste que desconoce la emergencia social existente”.
Desde la Utep se señaló que “no estamos ante una crisis inesperada, sino ante una consecuencia directa de un modelo que concibe la política social como un gasto a eliminar y no como una inversión en derechos. El desfinanciamiento de la asistencia alimentaria no solo profundiza la pobreza, sino que también recarga sobre el trabajo comunitario —mayoritariamente sostenido por mujeres— una responsabilidad que el Estado decide abandonar”.
Berales remarcó: “El rol de los comedores y merenderos no puede seguir siendo invisibilizado. Son espacios que sostienen la vida allí donde el mercado excluye y el Estado decide retirarse. Sin embargo, lejos de ser reconocidos y fortalecidos, hoy son dejados a su suerte, obligados a resolver con solidaridad lo que debería resolverse con políticas públicas”.
“Cuando el Estado no garantiza el derecho a la alimentación, no solo incumple la ley: vulnera la dignidad de millones de personas”.
“El hambre no puede ser utilizada como herramienta de ajuste ni como variable de negociación política. La emergencia alimentaria exige respuestas inmediatas, integrales y sostenidas. Cualquier otra cosa es, lisa y llanamente, una forma de violencia institucional que castiga a quienes ya viven en condiciones de extrema desigualdad”, concluyó la referente.
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