El senador provincial Rubén Dal Molín respondió a las declaraciones de Guillermo Michel y afirmó que la subejecución en Vialidad Provincial es un problema histórico y estructural. “Los números muestran una realidad que no empezó ahora y que esta gestión decidió enfrentar con decisiones concretas”, sostuvo.
Las declaraciones de Guillermo Michel sobre una supuesta subejecución del presupuesto en Vialidad Provincial omiten un dato central: la subejecución no es un fenómeno reciente ni atribuible a la actual gestión, sino un problema estructural que se arrastra desde hace más de una década.
El cuadro que acompaña esta respuesta, elaborado a partir de datos oficiales, es claro. Desde 2009 a la fecha, la participación del gasto de Vialidad sobre los ingresos provinciales viene cayendo de manera sostenida, al igual que la distancia entre el presupuesto asignado y el efectivamente ejecutado. Los picos de subejecución se registran en distintos períodos de gobierno, muchos de ellos bajo administraciones del mismo signo político que hoy cuestiona.
“La discusión no puede darse desde consignas ni oportunismos. Los datos muestran que el problema es histórico”, señaló Dal Molín, y agregó que la causa debe buscarse en “una burocracia pesada, procedimientos obsoletos y una verdadera máquina de impedir dentro del organismo”, situación advertida en reiteradas oportunidades por ex autoridades de Vialidad, entre ellos Bell.
En ese marco, el senador remarcó una diferencia clave con gestiones anteriores: la actual administración dispuso la afectación específica de recursos para Vialidad Provincial y estableció un criterio de responsabilidad fiscal que antes no existía. “Hoy, los montos que no alcanzan a devengarse al 31 de diciembre no se pierden ni vuelven a Rentas Generales, sino que quedan como crédito para el ejercicio siguiente. Antes, la subejecución implicaba perder fondos para caminos y rutas. Hoy no”, explicó.
Dal Molín subrayó además que el gobierno provincial está avanzando en mecanismos concretos para reducir la burocracia, como convenios con municipios y comunas, consorcios camineros y esquemas de ejecución descentralizada, con el objetivo de atacar el problema de fondo que durante años nadie quiso enfrentar.
“El problema de la subejecución existe, pero no empezó ahora. La diferencia es que hoy se lo reconoce, se lo explica con datos y se lo enfrenta con decisiones. Lo demás es relato”, concluyó.
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