El fallo contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez por “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del transporte” llega un año y medio después del estallido que desafió al poder de Carlos Rovira. Expone el uso de la Justicia para disciplinar la conflictividad social.
“Muchos de los compañeros que están acá son parte de un frente. Tenemos discusiones, pero las zanjamos. Yo entiendo que no conozcan, porque hace 20 años el modelo que gobierna esta provincia es manejado por una sola persona”, lanzó el docente Leandro Sánchez ante la jueza Marcela Leiva, en un dardo directo al poder del exgobernador Carlos Rovira, arquitecto y conductor real del Frente Renovador de la Concordia, que conduce las riendas de Misiones sin interrupciones desde 2003.
La escena ocurrió este miércoles en el Juzgado Correccional y de Menores N°1 de Posadas, donde la magistrada condenó a Sánchez y a la dirigente docente Mónica Gurina por “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del transporte”, en el marco de las protestas salariales que marcaron a Misiones en mayo y junio de 2024. Las penas —10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses para Sánchez— no implican cárcel, pero sí tareas comunitarias y un antecedente punitorio que, para los gremios, cristaliza un mensaje: el Estado provincial busca dejar asentado que la protesta tiene un límite, y que ese límite lo define la Justicia.
En su alegato final, Sánchez reivindicó la horizontalidad de las asambleas que guiaron aquellas protestas y la contrastó con la estructura verticalista que domina la política provincial desde hace dos décadas. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas. Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”, remató el dirigente sindical, dejando planteado que el juicio que enfrenta no trata solo de dos cortes de calle, sino de la disputa por el sentido de la protesta en una provincia donde el poder tiene nombre propio.
La fiscal María Laura Álvarez había pedido todavía más pena. Argumentó perjuicios económicos para comerciantes, obstrucción del tránsito y un “plus en la ejecución” por parte de Gurina, referente sindical que fuera candidata a diputada por Confluencia Popular por la Patria en las elecciones provinciales del 8 de junio. “Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, sostuvo.
La sentencia llega dieciocho meses después del estallido que fracturó, por primera vez en casi dos décadas, la estabilidad política que Rovira había construido al menos desde la derrota del referéndum de 2006. El mayo misionero de 2024 fue un punto de quiebre: la provincia quedó desbordada por reclamos simultáneos de docentes, policías y trabajadores de la salud; y la tensión escaló hasta un lugar simbólico que nadie en la Renovación imaginaba: la protesta frente al domicilio particular del propio Rovira, en el barrio El Laurel.
Aquel episodio, inédito, activó un reflejo instantáneo en el oficialismo provincial: contraataque judicial, disciplinamiento interno y un despliegue político que buscó quebrar la unidad callejera entre maestros y uniformados. Los gremios docentes recibieron un aluvión de oficios que los obligaban a mantenerse a más de 200 metros de la Cámara de Representantes, bajo la acusación de haber instigado los incidentes del 23 de mayo. Y pocos meses más tarde, ocho policías fueron detenidos acusados de sedición, entre ellos el suboficial retirado Ramón Amarilla, hoy diputado provincial electo.
La estrategia, calcada de otras crisis, se completó con una demostración de fuerza: la convocatoria oficialista del #30M “por la paz”, cuando intendentes del oficialismo provincial trasladaron empleados municipales a Posadas para blindar la Legislatura con banderas y escenografía patriótica. Aún así, las protestas continuaron una semana más, con marchas en toda la provincia y negociaciones frenéticas. Finalmente, el 7 de junio, la docencia firmó un aumento que llevó el salario inicial a $450.000 —un 47,5% acumulado— y un punto crucial: ninguna sanción administrativa ni legal contra quienes habían participado. Algo que, a todas luces, no terminó cumpliéndose.
El juicio que terminó este miércoles arrastra precisamente ese hilo suelto. Es, para el oficialismo, un expediente incómodo: reactiva el recuerdo del único momento en que su hegemonía política pareció tambalear y exhibe la continuidad de una lógica punitiva contra los sectores que encabezaron aquellas jornadas. También deja en evidencia un patrón: mientras la causa contra Amarilla derivó en prisión preventiva sin juicio, a docentes y delegados se los procesó bajo figuras menores pero igualmente orientadas a fijar un precedente disuasivo.
El proceso judicial estuvo acompañado por un respaldo político y gremial de alcance nacional. Dirigentes como la histórica dirigente de CTERA Marta Maffei o el secretario general de CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, se hicieron presentes en Posadas para acompañar a los acusados. También se lo pudo ver al presidente de Unidad Popular, Claudio Lozano, y al secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.
En el fondo, el veredicto de Leiva no cierra una etapa: la criminalización de la protesta en Misiones sigue abierta, ahora con una sentencia que deja expuesto el uso de la Justicia como herramienta para reordenar el conflicto social en un territorio que vive una reconfiguración política acelerada, entre la presión libertaria, las internas del oficialismo y un clima social inflamable. Sánchez lo resumió ante el tribunal, en un susurro que quedó flotando en la sala antes del cuarto intermedio: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos que no soportan la injusticia”.
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