Según el dictamen de Picardi, “los involucrados en las maniobras resultaron beneficiados con sumas dinerarias como contraprestación a diversas acciones ilícitas, las cuales desplegaron en función de los cargos que ocuparon en ANDIS”. Por caso, describe que “Spagnuolo recibió de parte de Miguel Ángel Calvete y Guadalupe Muñoz, cinco millones de pesos argentinos ($5.000.000) en efectivo, para que el primero realizara un viaje”.
La fiscalía saca esa conclusión a partir de una conversación mantenida por Calvete con Muñoz, en la que el hombre le pide a la mujer “cinco palos” en efectivo, en pesos. “Cuando ella le pregunta para quién es esa suma de dinero, Calvete le responde: “El boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo en pesos”.
Picardi sostiene que existe “la puesta en marcha de un sistema irregular de contratación de insumos y medicamentos PACBI (tratamientos de alta complejidad)”, y considera que ese mecanismo “permitió la discrecionalidad absoluta en la toma de decisiones, el direccionamiento de procesos de compra, la cartelización y que, además, suponía la violación de los principios legales que deben guiar toda contratación pública: la publicidad, la transparencia y la concurrencia de oferentes”.
Su investigación demuestra que se benefició “a un selecto y reducido grupo de droguerías y proveedores de insumos, en detrimento del erario público, la correcta administración de los recursos estatales y a cambio de beneficios espurios”. “Se detectó un sistema de compulsas ‘especiales’ en el que se invitaba a solo cuatro oferentes, y en las que siempre dos de ellos cumplían un rol de ‘competencia aparente'”, notificó.
El fiscal asegura que “a cambio de asegurar, gestionar y garantizar la ejecución todas estas maniobras ilícitas se consumaron pagos indebidos a funcionarios/as -algunos de alto rango de ANDIS- en especial a Diego Orlando Spagnuolo, Daniel Maria Garbellini, Eduardo Nelio González y Lorena Di Giorno, quienes permitieron y fueron parte activa para que todas estas maniobras sean desplegadas y la organización criminal lograra sus objetivos: hacerse de dinero del erario estatal destinado a personas con discapacidad”.
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