El bloque de diputados “Más para Entre Ríos” recibió a dirigentes del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional Distrito Entre Ríos y manifestó su preocupación por la persecución que sufren como represalia a la postura asumida en defensa del organismo nacional.
Tras la resolución de la Justicia Federal, que en julio de este año frenó la aplicación del Decreto 461/25, por el cual el gobierno de Javier Milei eliminaba la Dirección Nacional de Vialidad junto a otros organismos vinculados a la seguridad en el transporte, los referentes sindicales comenzaron a sufrir persecución y hostigamiento con el objeto de dejar desprotegidos a los trabajadores del área.
El secretario General del distrito Entre Ríos, Raúl Meza, quien es trabajador de planta del organismo -sin uso de licencia gremial- y también integrante de la federación nacional de los trabajadores del sector, fue objeto de un sumario en el marco de un proceso en el cual no pudo ejercer su defensa, y como sanción inicial no percibe sus haberes hace meses. La misma metodología se repite en otras provincial también contra dirigentes gremiales del sector que impulsaron la acción judicial para frenar el desguace de la DNV y el despido de 4000 trabajadores.
Mientras tanto se avanza en el desfinanciamiento del área, no se pagan las deudas a los proveedores, se mantiene el congelamiento salarial y la incertidumbre sobre el futuro de los integrantes de la DNV con el claro objetivo de desacreditar su función ante la sociedad. Esta postura de las actuales autoridades de Vialidad Nacional tiene como consecuencia el deterioro de la red vial nacional en la provincia que tiene unos 2.000 kilómetros de extensión e incluye a las rutas 12, 14, 18, 127, 130, 131, 135, 136, 174 y A015. Esa decisión repercute negativamente en el desarrollo de diversas actividades, afectando especialmente el desarrollo económico y poniendo en riesgo la seguridad vial de quienes las transitan a diario.
El distrito Entre Ríos tiene 165 trabajadores y al igual que sucede en todo el país, la mayoría de ellos son personal contratado, pese a que en muchos casos su antigüedad llega hasta los 15 años o incluso los supera.
Durante el encuentro con las y los legisladores justicialistas, tanto Meza como Sebastián Lallana y el abogado Walter López dieron cuenta de la irregular situación que se registra en el distrito, y agradecieron el encuentro con el bloque opositor que encabeza Laura Stratta, ya que es una manera de visibilizar la situación ante la ciudadanía de la provincia.
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