La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, por acuerdo de los miembros de todos los bloques políticos, cerró el debate en torno al proyecto que pretende normalizar el acceso por concursos de miembros del poder judicial. La diputada a cargo de la comisión, Gabriela Lena, expresó que la unanimidad del dictamen se basa en la coincidencia de que la paralización de las pruebas de oposición compromete el óptimo funcionamiento de ese órgano constitucional.
El Consejo de la Magistratura es el órgano encargado de designar mediante selección especial a funcionarios del poder judicial, como jueces, fiscales y defensores. El expediente que debate la reforma de la Ley N.º 11003 está en tratamiento legislativo desde diciembre del 2024, a propuesta del Poder Ejecutivo. Según consta en los fundamentos del proyecto, el órgano sufre inconvenientes de funcionamiento vinculados a la paralización de concursos para cubrir vacantes que deben subsanarse para asegurar la función constitucional asignada.
La presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la cámara baja aplaudió la firma del dictamen y afirmó que el tratamiento de este proyecto “tiene que ver con la seriedad y la transparencia de un órgano indispensable vinculado a la Justicia”.
Explicó que “necesitamos que esta ley salga porque no podemos tener en nuestra provincia jueces, fiscales o defensores que hayan sido nombrados a dedo. Los entrerrianos necesitan que las personas que ocupen esos cargos, que son tan importantes, tengan la autonomía indispensable para poder hacer su trabajo de la forma más justa posible”, argumentó.
Asimismo, Lena celebró que todos los bloques hayan firmado el dictamen. “Es indispensable que el Consejo de la Magistratura empiece a funcionar como corresponde, que se normalicen los concursos para cubrir cargos de jueces, defensores y fiscales que hoy están vacantes u ocupados por suplencias en el Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos”, detalló.
Las modificaciones introducidas por el Senado y aceptadas por Diputados refieren a respetar el principio de paridad de género en la subrogación de los consejeros suplentes, a la eliminación de los concursos anticipados (previstos en la redacción original) y a asegurar un miembro perteneciente al plantel docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos, quien alternará su función por período con un profesor de la carrera de abogacía de universidades públicas nacionales de la región.
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