Las defensas pidieron absoluciones y penas mínimas. La querella de CFK buscó ligar el hecho al poder real, pero no logró pruebas firmes.
El juicio oral por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner (CFK) transita sus instancias finales. Este miércoles 24 de septiembre concluyeron los alegatos en los tribunales de Comodoro Py y el caso quedó a un paso de la etapa de definiciones.
Las defensas de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, señalados como el autor material y la coautora del ataque ocurrido el 1 de septiembre de 2022 en Recoleta, reclamaron sus absoluciones.
Como alternativa, solicitaron que, en caso de condena, el tribunal aplique el mínimo de la pena para los delitos imputados.
El bloque acusador, en tanto, retiró la imputación contra Nicolás Carrizo, a quien se lo había descripto como jefe de “Los Copitos”.
Ese movimiento se alineó con la posición de la propia querella de la vicepresidenta, que en audiencias previas había planteado la absolución del imputado. En su alegato, los abogados de Cristina marcaron diferencias con la Justicia que la condenó, tal como informó Letra P.
La querella de CFK
Durante el debate, los abogados de CFK, Marcos Aldazábal y José Manuel Ubeira, buscaron dar forma a una hipótesis de mayor alcance político: que detrás del intento de asesinato podían estar sectores de poder real con conexiones en la vida política argentina. Sin embargo, los indicios presentados no alcanzaron la consistencia suficiente y esa línea sigue abierta en un expediente paralelo bajo la órbita de la jueza María Eugenia Capuchetti.
La próxima audiencia quedó fijada para el 8 de octubre. Ese día, los tres acusados tendrán la posibilidad de decir sus últimas palabras antes de que el Tribunal Oral Federal N° 6 —integrado por Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari— se retire a deliberar.
Llamó la atención la ausencia de la víctima: Cristina Fernández de Kirchner, quien optó por no estar presente en la etapa de alegatos, aunque el derecho la habilitaba a participar, más allá de su detención domiciliaria por una condena que busca ser revertida en estrados internacionales.
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