El intendente de Concordia, Francisco Azcué (JxER), presentó este lunes ante la justicia un informe de auditoría interna en el que se detalla la situación de la administración municipal a diciembre de 2023. “Solicitamos a la fiscalía que investigue presuntas irregularidades”, expresó en relación a la gestión que llevó adelante su antecesor Enrique Cresto (PJ).
El informe de auditoría está publicado en el portal de la Municipalidad de Concordia. “Solicitamos a la fiscalía que investigue presuntas irregularidades detectadas y que determine la existencia o no de responsabilidades en temas vinculados a inversiones financieras irregulares, gestión de la deuda pública, procesos de contratación y aumento de personal sin justificación”, enumeró el presidente municipal.
“Realizamos un análisis exhaustivo de los resultados del trabajo a fin de efectivizar una conclusión que nos permita identificar las situaciones que ameritaban o no la presentación realizada y dar cumplimiento a los compromisos asumidos con los vecinos que siguen reclamando que se investiguen las posibles irregularidades de la gestión anterior”, agregó.
Entre los principales hallazgos, el informe señala inversiones financieras de alto riesgo que, si bien generaron ingresos significativos, no se habrían ajustado a la normativa vigente y presentaron fallas en los controles contables. Puntualmente, hace mención a la selección del agente Centaurus Securities SA.
Otro aspecto mencionado es la deuda municipal con un pasivo de 5,2 millones de dólares y obras públicas comprometidas que no se habrían realizado en tiempo y forma.
Además, el documento hace alusión a procesos de compra sin planificación y un abuso de las contrataciones directas, que representaron el 85 por ciento del total en 2023, con un uso irregular de excepciones normativas.
También se objetó en la auditoría el incremento sostenido de la planta de personal sin criterios claros de incorporación ni evaluaciones estratégicas y la falta de control sobre bienes municipales, con registros incompletos y ausencia de políticas de mantenimiento.
“La difícil situación económica y social que atraviesa el municipio es consecuencia directa de muchas de esas decisiones tomadas sin planificación, sin transparencia y con fines electoralistas. Hoy damos un paso más: llevamos a la justicia para que allí se determinen la existencia o no de irregularidades y, en su caso, sus responsabilidades”, remarcó Azcué.
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