Una manifestación compuesta por alrededor de 200 personas, según los organizadores, partió esta tarde desde la Plaza Urquiza, caminó por calle Urquiza, dio vuelta a la plaza 25 de Mayo y se concentró en los pies del Monumento a San Martín para leer un documento denominado “Discapacidad en Emergencia”. Evangelina Moix, maestra integradora, fue la vocera de los manifestantes y explicó a DIARIOJUNIO que la intención era tratar de hacerse escuchar ya que, a nivel nacional, están sucediendo varias situaciones que afectan al sector. Demoras en los pagos, en las autorizaciones de las prestaciones, etc. “Hay colegas a los que se les debe desde el año pasado prestaciones; hay centros terapéuticos que tienen que cerrar porque no pueden sostener las demoras en los pagos”, remarcó Moix.
La maestra integradora remarcó que la situación poco a poco se hace cada vez más insostenible con la inflación existente. “No podemos esperar tanto para cobrar por nuestro trabajo”, indico. Moix sostuvo que los tiempos que demoran los pagos se están excediendo de los 60 días habituales. “Hay obras sociales que desde el año pasado que no nos pagan. Esto se hace insostenible”, dijo. Una de ellas es el Iosper, u Oser (Obra Social de Entre Ríos) de acuerdo a lo votado ayer en la Cámara de Senadores de la provincia.
Y, a ello, le añadió la falta de actualización de los nomencladores y la demora en la autorización para las prestaciones. “Lo que peligra acá son los derechos de la gente con discapacidad. Nosotros no podemos seguir trabajando sin cobrar. No hay gente que pueda vivir de la vocación. Lo hacemos con todo el amor del mundo pero tenemos qué llevar un plato de comida a nuestras casas”, expresó. “Hay maestras integradoras que no están pudiendo trabajar dentro del aula porque las obras sociales no autorizan esas prestaciones”, remarcó Moix.
En tanto, Moix se hizo eco de las expresiones del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, quien les dijo a Marlene Spesso y a su hijo, Ian Moche, un niño con autismo que es activista y concientiza sobre el trastorno: “su discapacidad no es un problema del Estado”. El diálogo, que Marlene y Ian revelaron esta semana, se produjo en marzo de 2024, cuando Spagnolo hacía poco más de dos meses que había asumido al frente de la Andis. Para muestra falta un botón: en aquel encuentro el funcionario libertario desplegó un sinfín de frases violentas, desafortunadas y agresivas para la población a la que, se supone por su cargo, debería proteger, según publicó Pagina 12 hoy.
“Imaginate como ven desde el Estado a las personas y a los prestadores que trabajamos con ellos. En el hospital más importante de niños del país (Garrahan) está pasando lo mismo. Este gobierno quiere recortar en Salud y te hace acordar a una parte negra de nuestra historia que se empezó a eliminar a gente que no producía”, expresó Moix. “Lo que más nos duele acá son las personas con discapacidad. Ellos no pueden salir a la calle como nosotros o no tienen la accesibilidad que tenemos nosotros. Por eso necesitan de nosotros”, enfatizó.
“Discapacidad en emergencia”
Antes de leer la carta abierta, Moix se solidarizó con los médicos del Hospital Garrahan quienes “están sufriendo una debacle terrible respecto de los recortes de presupuesto y de salarios”.
“Nos encontramos reunidos una vez más en nuestra querida Argentina. Queremos expresar nuestra profunda frustración y descontento hacia la situación que nuevamente nos afecta a todos los prestadores de servicios para discapacidad y a las personas con discapacidad. Día a día nos esforzamos por brindar apoyo y atención a personas que lo necesitan pero nos enfrentamos a obstáculos que nos impiden hacer nuestro trabajo de manera efectiva”.
“Los pagos tardíos son una instante en nuestra realidad. Esperamos meses para recibir el pago por nuestros servicios. Esto no solo afecta no solo nuestra estabilidad financiera sino que pone en riesgo la calidad de la atención que podemos brindar a nuestros pacientes o alumnos”.
“Somos muchos los que levantamos la voz. Están los transportistas, psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, maestras integradoras, músico-terapeutas, kinesiólogos, estimuladores visuales, acompañantes terapéuticos, terapistas ocupacionales, cuidadores domiciliarios y familias”.
“Todos necesitamos recibir una remuneración acorde a nuestros servicios. Las personas que los necesitan tienen derecho a recibir una prestación de calidad. Pero ¿Cómo hacemos para pagar el monotributo? ¿El alquiler? ¿El colectivo? ¿Cargar combustible o poner un plato de comida en nuestras mesas si no cobramos lo que nos corresponde? La inflación nos gana la partida”.
“Hay centros que deben cerrar sus puertas porque no pueden solventar sus gastos por no recibir el pago por sus servicios o aguantar demoras significativas. Pero no solo es el tema de los pagos. El nomenclador no se actualiza desde hace mucho tiempo lo que significa que nuestros honorarios no se ajustan a la realidad económica actual. Esto nos obliga a trabajar por salarios que no reflejan el valor de nuestro trabajo”.
“Y para empeorar las cosas, hay obras sociales que no están autorizando las prestaciones que las personas con discapacidad necesitan. Esto es especialmente preocupante porque sabemos que nuestras intervenciones pueden hacer una gran diferencia en las vidas de estas personas. Es hora de que se reconozca el valor de nuestro trabajo y de que se nos pague a tiempo y de manera justa. Es hora de que se actualice nuestro nomenclador y se nos permita trabajar con dignidad”.
“Los prestadores de discapacidad no solo somos trabajadores. Somos personas que nos preocupamos por la dignidad de nuestros pacientes y alumnos. Queremos brindarles la mejor atención posible pero necesitamos que se nos apoye y se nos valore. Están en juego los derechos de las personas con discapacidad que están siendo vulnerados ya que corren el riesgo de no tener acceso a las prestaciones esenciales para su bienestar. Es hora de que se tomen medidas para que se termine esta situación. Es hora de que se nos escuche. No podemos seguir trabajando en estas condiciones. Exigimos una reforma integral del sistema porque, de otra forma, el derecho a la salud se convertirá en el privilegio de unos pocos.
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