La Cámara Argentina de la Construcción calculó que las de todo el mandato gobierno de Milei podrían ascender a dos veces y media el PBI.
Parece un contrasentido pero los números prueban que el éxitoso equilibrio fiscal es, en definitiva, profundamente deficitario. El ajuste del gasto público conseguido en gran parte por la paralización de la obra pública tiene un fenomenal costo económico.
Los números son crudos: para reconstruir la infraestructura deteriorada por la inacción del gobierno se necesitarán 1.4 billones de dólares, lo que equivale a dos veces y medio el Producto Bruto Interno, según datos que dió a conocer el área de pensamiento estratégico de la Cámara Argentina de la Construcción (CamArCo).
Cada año que pasa, el parque de infraestructura del país, rutas, puentes, redes de agua, saneamiento, hospitales, escuelas, pierde valor a razón de 25 mil millones de dólares anuales. Pero eso no es todo: cuando el mantenimiento mínimo exigido por cada tipo de obra tampoco se realiza, ese deterioro se acelera de forma exponencial, generando un daño que no se mide solo en números, sino también en vidas y productividad.
“Ese stock de capital del país se deprecia a lo largo de la vida útil y debe ser reemplazado, para mantener la competitividad del país. Para la nueva construcción, debe erogarse el Valor de Reposición del bien. Aunque se realice un adecuado mantenimiento, el bien se deprecia por el paso del tiempo, hasta llegar al fin de su vida útil. A cada momento hasta entonces mantiene un Valor Actual o Remanente, neto de Depreciación. Según su estado, puede estimarse una Vida Útil Remanente”, explican desde la cámara.
Las cifras desagregadas son lapidarias. El Valor de Reposición del Capital de Infraestructura de uso público en el país se estima en 2,56 veces el PBI, en tanto el Valor Actual de la Infraestructura de uso público en el país, depreciada se calcula 1,14 veces el PBI.
Según el informa de CaMarCo, el 52% de los activos están actualmente bajo gestión de concesionarios, prestatarios u operadores privados, pero siguen siendo propiedad del Estado. Es decir, los argentinos y argentinas continúan siendo dueños de infraestructuras cuya conservación ya no depende exclusivamente del Estado, pero cuya pérdida o deterioro termina afectando a toda la sociedad.
“A nivel país, Argentina tiene un stock de capital, compuesto por un lado por construcciones, equipos de producción y de transporte, privados, de uso privado. Por el otro lado, cuenta con activos de infraestructura de uso público como usinas, presas, redes eléctricas y de gas, redes de comunicación, caminos, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, servicios de agua, saneamiento, desagües, equipamiento urbano, hospitales, escuelas, cárceles, etc. Ese bien, de uso público, puede haber sido construido, y ser operado, por el sector público o privado” señala el informe.
Desde la Cámara Argentina de la Construcción, que preside Gustavo Weiss, socio del selecto grupo de los seis, no solo apuntan al deterioro actual de la infraestructura nacional, sino que también plantean que no hacer obra pública no es gratis, sino que por el contrario resulta carísimo. La trampa del ajuste parece clara: lo que hoy se ahorra en no construir ni mantener, mañana se paga con intereses multiplicados.
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