Un sector del radicalismo, disidente con la gestión provincial, emitió un documento en línea con el Colegio Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos. Un banner que da vueltas.
El cobro de adicionales de los impuestos automotor e inmobiliario por parte de la actual gestión se torna en un tema que debería preocupar al gobierno provincial.
El martes pasado el Colegio Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos se expresó sobre esta polémica que nace cuando se advirtió que los tributos cobrados durante 2024 no estaban previstos en la ley y ahora se pretende sancionar una norma para subsanar el problema.
La entidad dio su opinión a instancias de un requerimiento técnico solicitado por el presidente del bloque justicialista en el Senado, Martín Oliva.
“De haberse aprobado el proyecto y sancionada la ley antes del 31/12/2024 consideramos que era factible darle sustento legal (…) para ser aplicados durante el ejercicio 2024, debido a que los impuestos inmobiliarios y automotor son ‘anuales’ cancelados vía anticipos. Es decir que, al momento de presentar el proyecto para su tratamiento, el artículo 27° estaba dentro del marco legal. Sin embargo, al no haberse aprobado y sancionado antes de esa fecha, durante el año 2025 ya no es posible legislar en forma retroactiva para el ejercicio 2024”, explicaron desde el Colegio que preside Julio Cesar Fochesatto. Descargar Aquí la explicación completa.
En las últimas horas se conoció un documento de un sector interno de la UCR, disidente de la gestión de Rogelio Frigerio, que cuestiona también el cobro de los adicionales.
“Condenamos enfática y enérgicamente este verdadero desaguisado jurídico y tributario, pergeñado con inusual desprecio a las leyes”, dice el texto del espacio en el que confluyen, entre otros, el ex senador Raymundo Kisser, el ex presidente del Comité Provincial, Leandro Arribalzaga; el referente de Concepción del Uruguay, Guillermo Vázquez. Éste último es tributarista.
Este adicional se venía cobrando desde el año 2013 y desde ese momento hasta diciembre de 2023 fue siendo sucesivamente prorrogado a través de la sanción de las leyes respectivas.
“Así las cosas, por olvido, impericia o indolencia de los funcionarios, sobre todo de los que ocupan cargos en la ATER, se cobraron estos adicionales a los contribuyentes entrerrianos sin ley previa que les diera sostén de legalidad, por lo cual y siendo concretos, ese pago durante el ejercicio 2024 fue ilegítimo, ilegal y por ende inconstitucional”, dice el texto al que tuvo acceso Página Política. Para los firmantes es “un grosero e inexcusable acto de confiscación del patrimonio de los contribuyentes, sino también, derechamente, una exacción ilegal”.
Se ocuparon también de cargar a “los irresponsables diputados que acompañaron – por amanuenses, ignorantes o irresponsables- este infausto monumento a la ilegalidad, al que algunos exquisitos del derecho tributario, no exentos de razón, llaman un acto de lesa constitucionalidad”.
Para los radicales disidentes una de las salidas es que se “reintegre las sumas cobradas indebidamente a los contribuyentes o bien, quizás el mejor y más posible camino, aplicar una compensación entre esa suma que fungiría de crédito y las nuevas deudas impositivas”.
Guillermo Michel fue quien advirtió el cobro sin ley que lo sustentara. Fue el año pasado. El 19 de octubre. El ex director de Aduanas dice que el error es de 19 mil millones. Su cuenta se transformó en banner, que circula en plataformas de Internet.
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