Las provincias de Neuquén y Río Negro recibieron un duro golpe en sus aspiraciones de obtener un mayor control sobre las represas hidroeléctricas ubicadas en sus territorios.
Medios de esas provincias patagónicas precisaron que un reciente informe elaborado por la Jefatura de Gabinete de la Nación, concluyó que la administración de estas centrales seguirá siendo potestad del gobierno nacional, descartando así cualquier posibilidad de transferencia a las provincias.
Este documento, que se basa en un análisis exhaustivo de la legislación vigente, especialmente la Ley 15.336, reafirma el marco jurídico que otorga al Estado nacional la facultad de gestionar las represas hidroeléctricas.
La Constitución Nacional, en sus artículos 75 inciso 13 y 31, también sustenta esta posición, al establecer la primacía de las leyes federales y regular el comercio interjurisdiccional.
La decisión del gobierno nacional ha generado malestar en las provincias, que habían manifestado su interés en participar de la gestión de las represas y en recibir una mayor proporción de los beneficios económicos generados por la producción de energía hidroeléctrica. Neuquén y Río Negro, en particular, habían solicitado al gobierno nacional una mesa de diálogo para discutir el futuro de estas centrales, pero sus pedidos fueron desoídos.
La decisión del gobierno nacional de mantener el control sobre las represas hidroeléctricas abre un nuevo capítulo en el debate sobre la federalización de la energía en Argentina. Las provincias afectadas deberán evaluar las implicancias de esta decisión y buscar nuevas estrategias para defender sus intereses y obtener una mayor participación en la gestión de sus recursos naturales.
El caso Entre Ríos
Más allá de las gestiones formales entre nación y provincia, hay que recordar que Entre Ríos tienes dos presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia: el primero, en abril último, por los fondos previsionales que se adeudan a la provincia, y los pagos de regalías y excedentes de la represa hidroeléctrica Salto Grande. En esa presentación, se detalló que la deuda de la Nación con Entre Ríos era de “alrededor de 4.000 millones de pesos en concepto de excedentes -del segundo semestre de 2023 y todo 2024-” y por regalías del sistema hidroeléctrico se denunció que la remuneración era “muy injusta, casi tres veces menor de la que se recibe por Yacyretá (la otra represa binacional)”.
Luego, a principios de noviembre, Entre Ríos volvió a recurrir a la Justicia. Esta vez, pidió “recomponer la ecuación económico-financiera de los acuerdos de 1999 que dieron lugar a los excedentes de Salto Grande”, y saldar la deuda que, actualizada, era de “175 millones de dólares”. A la vez, solicitó modificar “con la intervención de la provincia, el modo en que la Secretaría de Energía de la Nación establece el precio de la energía para las represas hidroeléctricas binacionales”.
Fuente: Noticias Argentinas #federalaldia
