Ante las intimaciones nacionales a numerosas empresas por “haber incluido en las facturas tasas o cargos ajenos al contrato entre el proveedor y el consumidor”, la secretaria de Energía, Noelia Zapata, defendió la autonomía de los Estados provinciales y municipales en esta materia.
La Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía de la Nación imputó a 95 empresas por “haber incluido en las facturas tasas o cargos ajenos al contrato entre el proveedor y el consumidor”.
Se abrieron 244 expedientes vinculados a las imputaciones, uno por cada localidad donde las empresas incumplieron la norma. Las actuaciones corresponden a facturas con vencimiento posterior al 11 de octubre, cuando entró en vigencia la resolución 267/2024, que determinó “la prohibición de incluir en las facturas conceptos indebidos”.
Las empresas entrerrianas intimadas son Cooperativa de Consumo de Electricidad y Afines de Gualeguaychú Ltda.; Cooperativa de Servicios Públicos General José de San Martín Ltda.; Cooperativa de Servicios Públicos Quebracho Limitada; Cooperativa Eléctrica y Otros Servicios de Concordia Ltda.; Energía de Entre Ríos SA (Enersa); Gasnea; y Redengas.
Ante este escenario, la secretaria de Energía de Entre Ríos, Noelia Zapata, fijó la posición del Gobierno provincial y defendió la autonomía de los Estados provinciales y municipales en esta materia.
La funcionaria, durante una entrevista con el programa Sexto Sentido, que conducen Jorge Ballay y Pablo Lescano por Radio Costa Paraná (88.1), explicó que “la Resolución 267, si bien puede tener algún enfoque destinado que no haya tasas excesivas y que la factura de los servicios públicos esté libre de cualquier otro recargo que no tenga que ver con el servicio, desde la Provincia lo que sostenemos es que la distribución de energía eléctrica es autonomía de la provincia, es de jurisdicción provincial. Por lo tanto, en realidad, esa decisión de la Secretaría de Industria y Comercio y de Defensa del Consumidor de la Nación tiene algunas cuestiones que hay que interpretar, que la Justicia tendrá que interpretar”.
Zapata, asimismo, remarcó que el Gobierno entrerriano sostiene “la independencia respecto de la distribución de la energía y de sus reglas dentro de cada provincia, y los municipios tienen la autonomía de aplicar las tasas. También entendemos que el alumbrado público, de alguna manera, se relaciona con el servicio de energía eléctrica. La contribución municipal está separada en la factura porque lo dice el contrato de concesión, pero si no podría estar formando parte del VAT (Valor Agregado de Distribución). O sea que también entendemos que forma parte del costo de distribución de energía”.
Las cooperativas y Enersa, agregó, “están analizando con sus abogados porque acá hay como una obligación que le está aplicando Defensa del Consumidor de la Nación de que se abstengan de aplicar cualquier tasa”, pero “las distribuidoras de la provincia –y de todas las provincias con las cuales tenemos contacto– están argumentando por qué se aplican esas tasas. Esto es un tema que tiene que terminar de dilucidar la Justicia”.
“Nosotros tenemos que defender nuestra autonomía provincial. Después, si la tasa es alta, baja, mucho, poco, es otra cuestión. Acá lo que nosotros tenemos que defender como provincia es nuestra autonomía para los derechos que no fueron transferidos a la Nación, y eso tenemos que conservarlo”, enfatizó Zapata.
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