A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, la administración libertaria tomó las riendas de la entidad de salud de la UATRE. El conflicto gremial que hay detrás, las razones de la medida y la intervención que se viene en una nueva prestadora.
A través de un decreto, el Gobierno Nacional de Javier Milei oficializó este lunes la intervención de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), la segunda de mayor magnitud por cantidad de afiliados, con un número mayor a 650.000 afiliados.
Se trata de una de las medidas más resonantes dentro del programa de auditorías que está haciendo la Superintendencia de Servicios de Salud en las obras sociales sindicales. A muchas de ellas las señala por fuertes irregularidades y las acusa de ser utilizadas como cajas negras para financiamiento.
La medida había sido anticipada por El Cronista una semana atrás luego de que la SSS designara una administradora provisoria de la OSPRERA.
Esta decisión se dio por dos factores determinantes. En primer lugar, acusaron que la deuda financiera que acarrea (de $43.949 millones hasta marzo de 2024) pone en peligro la sostenibilidad de la entidad; en segundo, indicaron que presenta enormes irregularidades administrativas y años de falta de información necesaria como para funcionar como agente del sistema de salud.
El peligro de la caída de OSPRERA
Es posible que, además, se avancen con investigaciones paralelas a la auditoría que realizó la SSS. En particular, miran con mucha atención el otorgamiento de una ayuda financiera recibida en octubre del año pasado de $ 3350 millones que debía subsanar deudas contraídas por la obra social.
Los interventores acusan que desde entonces hasta marzo de este año la obra social incrementó un 63% sus deudas, pasando de $ 27.000 millones a $ 44.000 millones. A esto se le debe sumar más de $ 1000 millones de deudas con hospitales y clínicas.
A la complicada situación de liquidez se le suman los problemas de administración de OSPRERA. “Nunca presentó un informe, ni memorias ni balances en más de un año”, afirman en la SSS. También se consignó que de los prestadores que figuraban que trabajaban con la obra social, un 90% dijo que no ya no tenían convenio.
Con esta situación como base, la OOSS corre riesgo de que el interventor pueda considerarla como “inviable” (desde el punto de vista económico, prestacional, financiero y patrimonial), activándose el mecanismo de liquidación. “En ese caso, los afiliados se redistribuirían entre otras obras sociales”, afirman fuentes gubernamentales.
El Gobierno ya había intervenido otra entidad meses atrás, la Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo (OSPIF). Incluso, este lunes se conoció que la Obra Social del Personal Ladrillero (OSPL) también entró en un proceso de administración provisoria y que será intervenida en los próximos días.
Sin embargo, estas dos últimas no son comparables con la complejidad del entramado de OSPRERA: tanto por la gran cantidad de afiliados, como por el trasfondo político de cada una.
La fuertísima interna de la UATRE
Y es que la UATRE es uno de los sindicatos más cuantiosos del país. El segmento de estibadores y trabajadores rurales es uno de los más grandes siendo, su obra social, la segunda de mayor dimensión, solo por detrás de OSECAC, del Sindicato de Comercio.
Desde UATRE, actualmente liderada por José Voytenco, apuntan que la intervención sobre OSPRERA es, lisa y llanamente, una decisión arbitraria del Poder Ejecutivo, motivada para empoderar al diputado nacional de LLA, Pablo Ansaloni, quien presidió la obra social años atrás.
Luego de la muerte de su histórico secretario gremial, Gerónimo ‘Momo’ Venegas en 2017; el sindicato se vio convulsionado por una durísima interna entre el propio Voytenco y Ansaloni. La escalada de violencia tocó techo con el asesinato de Mauricio Cordara, el entonces chofer del extitular de OSPRERA.
El Juzgado Federal de Santa Rosa, a cargo de Juan José Baric, había intervenido la obra social en marzo de 2023, a pocos meses de la victoria de Voytenco en las elecciones gremiales. La actual conducción volvió a dirigir la entidad el mes pasado, pero alegan que las cifras que indican fuertes irregularidades son producto “de los desmanejos de Pablo Ansaloni, que fundió a la obra social y la vació”.
El Cronista contactó al diputado libertario, aunque al momento de la publicación de este artículo no había respondido. “En la época de Ansaloni había un plazo fijo de $ 3000 millones y cuando llegó la administración judicial encontró $ 250 millones sin justificación de un sólo peso gastado”, justifican cerca de Voytenco.
“En marzo de 2023, cuando llegó la administración judicial, el 80 % de los pocos prestadores que quedaban, no cobraron. Por eso no tienen cobertura. Y hay muchas prestaciones en el interior que son monopólicas y te exigen que le pagues la deuda vieja para volver a trabajar con vos. Es muy complejo todo”, agregan.
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