Ingresó en la Cámara de Senadores de la provincia un proyecto del Poder Ejecutivo por el que se propone modificaciones a la Ley de obras públicas, para que los litigios por certificados de deuda por obras se traten en el Contencioso Administrativo. La iniciativa busca frenar la incertidumbre que genera en las cuentas públicas los embargos, ya que “distorsionan las proyecciones presupuestarias y la programación de su ejecución”.
El gobierno propone reformas legislativas “con el objetivo de llevar los litigios por certificados de deuda al fuero natural, es decir, el Contencioso Administrativo”, ya que el actual andamiaje legal de la provincia “otorga a los contratistas de obra pública un modo insólitamente expeditivo para el cobro judicial de los certificados de deuda: el proceso monitorio o el juicio ejecutivo en sede Civil y Comercial, como si se tratara del cobro de deudas entre particulares”.
En ese sentido, se fundamentó que los certificados de obra pública, que documentan obligaciones emergentes de un contrato administrativo como lo es el contrato de obra pública, “deben ser analizados a la luz de los principios y normas del derecho público local, en el cual se insertan este tipo de contrataciones”.
Ante ese escenario, la iniciativa “prevé dejar expresamente aclarado, en el art. 52° de la Ley de Obras Públicas que los certificados de obra carecerán del carácter de título ejecutivo y su cobro judicial deberá demandarse mediante el proceso Contencioso Administrativo, una vez agotada la vía administrativa”.
Asimismo, “se complementa la incorporación en el proceso contencioso administrativo a las pretensiones de cobro de certificados de obra pública, que no fueron reconocidos administrativamente”. (aim)
