Representantes de varias áreas del Gobierno provincial y autoridades legislativas de Juntos por Entre Ríos se reunirán la próxima semana para comenzar a diagramar los textos de las iniciativas de ficha limpia, ética pública, acceso a la información y extinción de dominio, entre otras que fueron parte del compromiso de campaña del gobernador Rogelio Frigiero, según confirmaron fuentes oficiales. Mientras, la diputada oficialista Gabriela Lena presentó su propio proyecto para inhabilitar a personas que tengan problemas con la ley.
El Gobierno pondrá en marcha en los próximos días la preparación de leyes para transparentar la administración pública. Sobre la mesa de trabajo estarán las carpetas para definir la ley de ficha limpia; la de ética pública; la de acceso a la información y la de extinción de dominio entre otras.
Todas estas propuestas formaron parte de la plataforma electoral de Frigerio en la campaña para acceder a la gobernación. La intención es analizar los antecedentes que existen sobre cada materia, algunos de los cuales fueron promovidos por legisladores de Juntos cuando eran oposición.
En el encuentro de la semana entrante participarán el secretario de Justicia, Martín Acevedo Miño; Esteban Vitor, secretario Legal y Técnico de la Gobernación; el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; Julián Maneiro, secretario de Asuntos Políticos y el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello. A ellos se sumará un representante del Senado.
Mientras, Lena y un grupo de diputados provinciales del oficialismo presentaron en la Cámara una iniciativa propia. En el Ejecutivo aclararon que se trata de un proyecto presentado “a manera individual” por la legisladora.
El texto de Lena establece la inhabilitación transitoria o permanente “a aquellos ciudadanos del territorio de la Provincia de Entre Ríos, que tengan antecedentes penales o condena por instancia superior aun cuando ésta no se encuentre firme y pretendan la postulación a cargos públicos o soliciten ejercer cargos partidarios, gremiales, de instituciones gubernamentales, colegios de profesionales, asociaciones o procuren designación de funcionario en el Estado”.
“Los partidos políticos, gremios, instituciones gubernamentales, colegios de profesionales, Asociaciones, no podrán registrar postulantes a cargos electivos sin acompañar por ante la autoridad que rija la elección, el Certificado de Antecedentes Penales de cada candidato”, añade. La iniciativa no distingue entre cargos electivos provinciales y nacionales, regulados por la ley federal y por fuera de la jurisdicción provincial. También pone condiciones a las entidades sindicales y profesionales, también regulados por legislación nacional.
La inhabilitación transitoria correrá para quienes “se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de Reincidencia y aquellos ciudadanos que se encuentren condenados penalmente o privados de libertad, aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso”.
La permanente será para “las personas que se encuentren con antecedentes penales o una condena en instancia superior aun cuando ésta no esté firme y pretendan la postulación a cargos públicos”.
El texto presentado en Diputados contiene sólo el articulado y no se anexa fundamentación, como es de rigor. (APFDigital)
