A través de un comunicado, el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, en conjunto con su Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología, repudiaron “enfáticamente” los dichos de la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quien refirió grabar las comunicaciones de los presos con sus abogados defensores. “Visibiliza un desconocimiento de las garantías de las personas a defenderse y ser oída ante una acusación, y del ejercicio de nuestra profesión”, apuntaron.
Durante una entrevista televisiva, la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, propuso “grabar la conversación (de los detenidos) con su defensa” en el caso de “nuevos delitos” de narcotráfico.
“Cuando tenés un preso que le puede estar mandando un mensaje a alguien, vos grabas la conversación con su defensa”, dijo la exministra de Seguridad de Mauricio Macri, quien consultada por la ilegalidad de la medida, sostuvo que va a incluirlo en el Código Penal.
Inmediatamente, desde el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos en conjunto con su Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología, repudiaron “enfáticamente” este anuncio y aseguraron que “ello visibiliza un desconocimiento de las garantías de las personas a defenderse y ser oída ante una acusación, como así también, al ejercicio de nuestra profesión”.
“Imponer condenas privando a un sujeto de poder hablar en privado con su defensor es directamente eliminar la posibilidad de una defensa seria y eficiente. De permitirse tales violaciones, bastará que quien ejerza el poder quiera encarcelar a alguien para que esto suceda. Ya no habrá abogadas y abogados defensores”, agregaron.
Además, desde el CAER advirtieron que los dichos de la candidata “ponen en jaque las garantías constitucionales en un estado democrático de derecho”.
“Repudiamos las propuestas que ignoran las garantías constitucionales como la inviolabilidad de la defensa en juicio, el debido proceso legal; velando por un noble y libre ejercicio de la defensa penal en pos de la verdad. Esta garantía, reforzada mediante pactos internacionales de derechos humanos que forman parte de nuestro bloque convencional con jerarquía constitucional son el cimiento de la república”, sostuvieron.
“No podemos perder de vista que, ante cualquier uso del aparato punitivo del Estado frente a la ciudadanía, y que hoy, a 40 años de recuperada, debemos cuidar y proteger enérgicamente más que nunca”, finalizaron. (APFDigital)
