Esta fecha conmemora la sanción de la primera ley previsional en 1904, una normativa que le otorgaba beneficios jubilatorios a funcionarios y personal del Estado y progresivamente se fue ampliando a otros rubros.
Desde 1904, cada 20 de septiembre se celebra el Día del Jubilado y la Jubilada en Argentina. En esta fecha, hace 119 años, se sancionó la primera ley de jubilación que alcanzaba a funcionarios, empleados y agentes civiles estatales y, luego, se extendería a otros sectores.
De la mano de la creación de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones, la normativa dio origen al sistema contributivo argentino en el que cada uno de los trabajadores alcanzados debía aportar una parte de su sueldo para el momento en que debía abandonar la actividad como consecuencia de la edad. El modelo planteaba un esquema de capitalización individual, que medio siglo más tarde, fue reformado por Juan Domingo Perón para dar lugar a un sistema de reparto que continuó vigente hasta 1994.
Fue precisamente durante la presidencia de Carlos Menem, a 90 años del nacimiento del sistema previsional, que comenzó a implementarse un sistema de contribuciones privadas, popularmente conocido como Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Este modelo ─objeto de múltiples críticas─ permitía que empresas privadas gestionaran los aportes de los trabajadores para su eventual retiro.
Este sistema encontró su fin en 2008, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner regresó a un modelo de reparto que se sigue utilizando hoy en día. Con la promulgación de la Ley 26.425, el gobierno de la actual vicepresidenta de la Nación estableció un sistema previsional de carácter público y obligatorio.
El sistema previsional argentino y los regímenes de excepción
El Boletín Estadístico de Seguridad Social elaborado por la ANSES indicaba que, hacia mediados del 2023, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) contaba con un total de 5,7 millones de jubilados y pensionados.
Este sistema, que alcanza a los trabajadores registrados mayores de 60 (mujeres) y 65 años (hombres), cuenta con 7 regímenes especiales oficiales para docentes universitarios, docentes no universitarios, trabajadores de Luz y Fuerza, investigadores científicos, empleados del Poder Judicial y del Servicio Exterior y trabajadores de Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) en Río Turbio.
Una investigación de Chequeado reveló, sin embargo, que en realidad existen alrededor de 200 regímenes de excepción que representan unos 4,2 millones de beneficios, según datos de la consultora Invecq. A esto se suman las moratorias que permiten que trabajadores que no han alcanzado los 30 años mínimos de aportes puedan tramitar su jubilación y cubrirla con un plan de facilidades de pago. (eldiarioar)
