Más de 11.000 afiliados de UPCN votarán conducción el 2 de junio. La Junta Electoral no oficializó la lista opositora y Allende va por su séptimo mandato.
El secretario General de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) en Entre Ríos, José Ángel Allende, es el único candidato oficializado para competir por la jefatura del gremio de los trabajadores de la administración pública en la provincia, cargo que ostenta desde hace 1998 y, de ser reelecto, ocupará durante 28 años. El sindicato tiene un padrón de más de 11.000 afiliados en Entre Ríos y el 2 de junio va a elecciones con lista única oficializada para el Consejo Directivo provincial.
La Junta Electoral de UPCN Entre Ríos oficializó solamente a la lista Azul y Blanca comandada por Allende y dejó afuera de competencia a la lista Naranja, que llevaba a Élida Ojeda para secretaria General. Según explicó a UNO el presidente de la Junta, Juan Carlos Carminatti, la lista Naranja presentó “inconsistencias”, que a pesar de que “se le dieron numerosas oportunidades, no las subsanaron”.
“La lista Azul y Blanca fue oficializada dentro de los tiempos que la Junta tiene para dictaminar. La lista Naranja no cumplía con requisitos exigidos por el Estatuto y las leyes asociacionales. Teniendo en cuenta un criterio participativo se les dio la posibilidad de que subsanen los errores y observaciones realizadas, pero persistían. Así que dictaminamos rechazar la oficialización”, argumentó el dirigente.
Consultado sobre esas “inconsistencias” y requisitos incumplidos por la lista opositora, Carminatti dijo que no puede precisarlos todavía, hasta que se confirme si la Naranja apela el dictamen de la Junta Electoral entrerriana ante la Junta Electoral Nacional de UPCN. “Tienen una instancia más. Hasta que eso no se defina no podemos dar detalles”, resumió.
El padrón oficializado de afiliados a UPCN en Entre Ríos cuenta con más de 11.000 votantes. Los comicios del 2 de junio eligen representantes en el Consejo Directivo Provincial, que será encabezado por Allende como secretario General y Carina Domínguez, que seguirá siendo secretaria Gremial, e incluye 25 vocales. La lista oficialista se presentó con paridad de género. Además, se renueva el Consejo Asesor Provincial, conformado por 737 miembros que tienen funciones de capacitación, tareas municipales y profesionales.
Si la lista opositora Naranja decide no apelar ante la Junta Electoral Nacional, o si este órgano ratifica el rechazo de las autoridades electorales provinciales, todos esos cargos quedarán para la Azul y Blanca como lista única.
Allende está jubilado como agente público provincial desde 2019, año en que dejó de ser diputado provincial después de 20 años. Poco antes de que concluya su quinto mandato en la Cámara Baja provincial, La Caja de Jubilaciones le otorgó el beneficio que había empezado a tramitar en 2017.
Sin embargo, para mantener el mando de UPCN el ex legislador debió resignar la jubilación. Según publicó Entre Ríos Ahora, el 25 de febrero pasado la Caja de Jubilaciones y Pensiones suspendió el goce del haber previsional de Allende a partir de marzo. El dirigente había presentado una nota en la que informó que “volverá a la actividad en relación de dependencia”, aunque no aclaró dónde.
Esto se debe a que el estatuto de UPCN ordena que los afiliados con cargos directivos deben ser agentes “en actividad”.
Cuentas pendientes en la Justicia
El ex legislador provincial del Partido Justicialista y mandamás de UPCN hace más de dos décadas batalla a través de sus abogados en Tribunales para evitar el banquillo de los acusados en juicios orales y públicos por diversas causas que lo tienen procesado: por amenazas en contexto de violencia de género, por amenazas simples, por enriquecimiento ilícito y por negociaciones incompatibles con la función pública.
El staff de abogados de Allende había arribado en 2020 a un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal gracias al cual evitaría el juicio público mediante un procedimiento abreviado: el ex diputado aceptaría los delitos imputados, recibiría una pena de prisión condicional de dos años y ocho meses, pagaría una multa de $3 millones y entregaría a la Justicia dos propiedades: una en calle Laprida en el Centro Cívico de Paraná y otra en el Parque Urquiza.
Sin embargo, el tribunal conformado por los jueces José María Chemes, Carolina Castagno y Alejandro Cánepa rechazó el juicio abreviado por “inadmisible”. El fallo obligó al Ministerio Público Fiscal a encontrar otra forma de declarar culpable a Allende por los delitos que el ex legislador estaba dispuesto a confesar. Y, en los hechos, la sentencia llevó a que las distintas causas sigan andariveles diferentes en la Justicia.
El paquete de delitos que se estaba por cerrar en el abreviado se repartió en expedientes individuales: las amenazas en contexto de violencia de género contra la ministra de Salud de la provincia, Sonia Velázquez; las amenazas contra el periodista del portal Noticia Uno, Martín Carboni; las negociaciones incompatibles con la función pública; y el enriquecimiento ilícito que tiene apuntado no sólo a Allende sino a su familia: esposa, ex esposa hijos.
Desde el rechazo del abreviado a mediados de 2020, la defensa del jefe de UPCN insistió en varias instancias judiciales por resolver las causas con aquel procedimiento, pero las apelaciones, quejas y distintos recursos de sus abogados fueron siempre repelidos, incluso por el Superior Tribunal de Justicia. (unoentrerios)
