En la denuncia también aparece la constructora de Nicolás Caputo. También se pide investigar al diputado provincial Anguiano “por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos”.
La Oficina Anticorrupción denunció a Rogelio Frigerio por los presuntos delitos de “negociaciones incompatibles con la función pública, aceptación de dádivas y cohecho”. La historia, según se lee en la presentación, comenzó con una denuncia anónima efectuada mediante la página web del organismo que depende del gobierno nacional.
En la presentación se hace referencia a operaciones inmobiliarias en las que el ex ministro del Interior aparece como inversor y firmante de la venta de terrenos fiscales para un emprendimiento a cargo de la constructora de Nicolás Caputo, un estrecho amigo y colaborador del ex presidente Mauricio Macri.
Según la presentación del organismo firmada por Omar Julián Sosa, director de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción de la Nación, Frigerio habría comprado un departamento desde pozo que estaba a cargo de la empresa Koolhaas, cuyos responsables son Ariel Naistat y Gustavo Esses.
Antes de la escrituración, la empresa accedió a la compra de unos terrenos fiscales que puso en venta la agencia de bienes del Estado AABE, cuyo traspaso fue firmado por el propio Frigerio. Esos terrenos están ubicados en el barrio porteño de Belgrano, asignado a un proyecto inmobiliario.
Según dice la denuncia, un mes después de la adjudicación del terreno a la empresa Koolhaas, el entonces ministro Frigerio, hoy diputado nacional electo por Entre Ríos, suscribió la compra de otro departamento, también desde pozo.
La denuncia recayó en el Juzgado Federal 11 a cargo de Julián Ercolini y en manos del fiscal Guillermo Marijuán. Fue firmada el 9 de diciembre pasado.
A su vez, el denunciante adjunta a su presentación un escrito mediante el cual se efectúa una denuncia penal no solo contra Frigerio, sino también contra el diputado provincial Martín César Anguiano “por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, negociaciones incompatibles y defraudación contra la administración pública”
Y solicita que se investigue “el supuesto incremento patrimonial y lavado de activos que se habría producido mientras el imputado era funcionario nacional a través de dichas sociedades radicadas en Entre Ríos”.
