Mediante un escrito firmado por los ministros de Seguridad y de Justicia y la titular de la AFIP se sumaron pruebas de que el contrabando de armas fue “decidido y coordinado” por el expresidente. Se agrava la situación de Patricia Bullrich, Oscar Aguad y Gerardo Otero y se incorporaron imputaciones contra Marcos Peña, Jorge Faurie y Fulvio Pompeo.
El Gobierno consideró probada la participación del expresidente Mauricio Macri en el golpe de Estado cometido contra Evo Morales en Bolivia en 2019 y amplió su denuncia ante la Justicia con la presentación de documentos y registros oficiales sobre reuniones mantenidas en la Casa Rosada por funcionarios de Cambiemos en los días que se gestionó el traslado ilegal de armamento al país vecino, atravesado por una forzada crisis institucional.
“Los documentos oficiales encontrados en las últimas semanas dan cuenta de hechos que refuerzan lo oportunamente denunciado: fue Mauricio Macri, el expresidente de la Nación, quien ordenó y organizó en forma directa la maniobra de contrabando”, sostuvo el escrito firmado por la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y el Ministro de Justicia, Martín Soria, según el texto al que tuvo acceso Télam.
En su presentación, el Gobierno amplió la presunta responsabilidad a tres actores de la gestión macrista: el exjefe de Gabinete Marcos Peña; el exsecretario de Asuntos Estratégicos de la Nación Fulvio Pompeo (no estaban en la denuncia inicial) y el excanciller Jorge Faurie, por entender que la nueva información aportada “agrava” la situación de los tres.
El escrito da cuenta, en alusión a Peña y Pompeo, que “el ministro coordinador y su secretario de confianza, especialista en política internacional, no solo participaron en reuniones que evidencian su rol central en la organización del contrabando, sino que también intervinieron directamente en el trámite mediante el cual se gestionó el traslado de los gendarmes a Bolivia, ocultando la verdadera finalidad de ese viaje”.
“Lo que hasta hoy eran inferencias prácticamente irrefutables, ahora se confirma con pruebas directas: el contrabando de armas a Bolivia fue decidido y coordinado por Macri, quien utilizó la Casa Rosada para organizar esta maniobra en apoyo al golpe de estado en Bolivia”, agregó la presentación.
Los denunciantes aseguraron que, con las nuevas pruebas entregadas a la Justicia, “se profundiza el caudal probatorio que pesa sobre Patricia Bullrich, Oscar Aguad y Gerardo Otero”, ya imputados en el expediente, al igual que Macri.
Nuevas pruebas
En diálogo con El Destape Radio, Soria reseñó que el envío de armamento, granadas y municiones a Bolivia fue descubierto en los registros “el mismo día en que se concretaba el golpe de Estado” en Bolivia y agregó que también “el mismo día del golpe, el gobierno de Macri mantenía en horas de la mañana una reunión en Casa Rosada” con varios miembros del gabinete.
“Primero, Macri con el canciller Faurie y más tarde, en el despacho de Marcos Peña. Allí se juntaba Bullrich con todos los jefes de todas las fuerzas dependientes del Ministerio de Seguridad”, indicó Soria y contó que también asistió a ese encuentro “el titular de Gendarmería, el organismo del cual salieron las 70 mil municiones y más de 600 granadas de gas que fueron contrabandeadas”.
Un comunicado del Ministerio de Justicia consideró que “con la inclusión del nuevo material probatorio, se demuestra que las más altas autoridades políticas del gobierno macrista sostuvieron encuentros con los funcionarios de menor rango que instrumentalizaron el contrabando ilegal, horas antes de que despegue el avión militar con el cargamento ilegal con destino a Bolivia”.
“A partir de hoy, podemos saber casi al detalle cómo fue el paso a paso de la decisión y los trámites que derivaron en el envío de material represivo a las fuerzas golpistas de un país hermano”, sostiene la ampliación de la denuncia, que incorpora además un detalle cronológico de los hechos y un pedido de nuevas medidas de prueba.
El 12 de noviembre
De esta forma, la denuncia sumó registros de ingresos a la Casa Rosada el 12 de noviembre de 2019, horas antes de la partida del vuelo con el cargamento de más de 600 granadas y 70.000 municiones a Bolivia.
“Ese fue un día fundamental para los que diseñaron la maniobra ilícita, objeto de esta investigación”, remarcaron los denunciantes.
Durante esa mañana, Gendarmería “hizo los trámites para ampliar las autorizaciones de salida del país otorgadas por la Anmac” un día antes, con el objetivo de proteger la Embajada argentina en Bolivia.
El nuevo material incorporado el día 12 consistía en 70.000 municiones 12/70 AT y en centenares de granadas de gas HC, 2CN y CS; es decir, el mismo material que luego fue entregado a la Policía y a la Fuerza Aérea Boliviana”, se detalló
“A última hora de la noche, por su parte, partió rumbo a Bolivia el Hércules C-130 que trasladó a los gendarmes y al material represivo” consignó la presentación.
Ese 12 de noviembre, Macri tuvo dos reuniones que los denunciantes consideraron “trascendentales” para la maniobra de contrabando agravado que se investiga.
Una de ellas fue con Peña, Bullrich, el entonces director de Gendarmería Gerardo Otero y su secretario privado y directores de todas las fuerzas de seguridad.
Poco antes, Macri se había reunido con el entonces canciller Faurie, quien luego solicitó por nota el envío de gendarmes a Bolivia con el supuesto fin de dar protección a la Embajada argentina.
“Faurie no solo se reunió en privado con Macri, sino que además firmó –de puño y letra– una sospechosa nota, hasta ahora desconocida. Omitiendo utilizar el sistema electrónico y obligatorio de comunicaciones oficiales”, se puntualizó.
Soria ratificó que está “comprobada” la participación de Macri y de “gran parte de su gabinete” en el golpe de Estado en Bolivia, a partir de “registros oficiales” incorporados a la causa.
El ministro explicó que la ampliación de la denuncia fue decidida para aportar documentación “que da cuenta de la participación de Macri, (Patricia) Bullrich, (Oscar) Aguad, (Jorge) Faurie, (Fluvio) Pompeo y Marcos Peña en el golpe contra Evo Morales, que tenía mandatado hasta 2020 y lo derrocaron en el 2019”.
La causa es investigada en el fuero penal económico e interviene el fiscal Claudio Navas Rial, quien ante la ampliación de la denuncia deberá resolver si formula nuevas imputaciones.
La ampliación de la denuncia se presentó ante el juez en lo penal económico Alejandro Catania, quien por el momento está a cargo del caso, aunque debe resolverse un conflicto de competencia con su par Javier López Biscayart. (telam.com.ar)
